Nacionales
México eleva la protección animal a rango constitucional
La Cámara de Diputados de México aprobó por unanimidad reformas para elevar la protección y el cuidado de los animales a rango constitucional. Estas modificaciones a los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución prohíben el maltrato a todas las especies y obligan al Estado a garantizar su protección y trato adecuado. Esta reforma responde a la alarmante situación en el país, que ocupa el primer lugar en Latinoamérica y el tercero a nivel mundial en maltrato animal.
Durante la sesión, los legisladores destacaron que siete de cada diez animales domésticos en México sufren maltrato, desde golpes hasta quemaduras. La reforma busca integrar en los programas educativos el conocimiento sobre el medio ambiente y el bienestar animal, y establece que el Congreso deberá crear una ley general en esta materia en un plazo de 180 días. Esta futura legislación incluirá medidas contra el maltrato en la crianza y uso de animales, así como en espectáculos.
Varios diputados llevaron animales a la tribuna para mostrar su compromiso. Merilyn Pozos, de Morena, presentó a su perro y calificó de “vergonzoso” el lugar de México en maltrato animal. La diputada Giselle Arellano también mostró apoyo al portar un gallo en el pleno. Otros legisladores criticaron megaproyectos como el Tren Maya, acusándolos de dañar hábitats y provocar la muerte de fauna silvestre.
La diputada Lilia Aguilar presentó perros detectores de explosivos como un ejemplo del valor de los animales en labores esenciales. Legisladores de diversas fracciones subrayaron la urgencia de acabar con el abandono y maltrato. Esta reforma representa un paso importante hacia la justicia y el respeto por la vida animal en México, impulsando cambios en la sociedad y la legislación para proteger a todas las especies.
Nacionales
ONGs alertan riesgos a proyectos sociales y piden diálogo con autoridades
Organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre posibles riesgos para la continuidad de diversos proyectos sociales, por lo que hicieron un llamado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar para establecer un diálogo abierto.
De acuerdo con las ONGs, ciertas disposiciones administrativas y fiscales podrían afectar la operación de programas comunitarios, impactando directamente a poblaciones vulnerables que dependen de estos apoyos.
Ante esta situación, solicitaron mesas de trabajo con las autoridades para revisar las medidas y buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de sus actividades.
Las organizaciones subrayaron la importancia de fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad civil, con el fin de mantener el impacto positivo de los proyectos sociales en distintas regiones del país.






