Los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia expresaron su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de Pedro Castillo, a quien todavía consideraron como presidente de Perú.

En un comunicado conjunto, solicitaron a las autoridades “que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado”.

Al respecto, señalaron que Castillo, desde el día de su elección, fue víctima de un “antidemocrático hostigamiento”, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de Costa Rica, aprobada el 22 de noviembre de 1969.

Además, expusieron que luego fue objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención.

“Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”, expresaron.

Por ello, exhortaron a las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio.