Internacionales
Médicos estadounidenses atienden a migrantes varados en el sur de México

Médicos estadounidenses atendieron a migrantes en la frontera sur de México, donde permanecen varados en condiciones precarias ante las crecientes restricciones migratorias tras casi un mes del fin del Título 42 de Estados Unidos.
Profesionales de la salud de la New York State Nurse Assosiation, provenientes de Estados Unidos, llegaron por quinto año consecutivo para realizar de manera altruista jornadas médicas de atención a la salud a decenas de migrantes.
Las jornadas llegaron a la escuela primaria Ignacio José Allende Y Unzaga, donde se concentraron decenas de personas, al “Albergue Belén” de Tapachula y al punto de control del poblado Ejido Viva México, donde se concentran cientos de personas que buscan ir a Estados Unidos.
Elida Consolé, migrante de Guatemala, quien huyo de su país por la violencia y la extorsión, se refugió en Suchiate desde hace ocho meses y se ha quedado a vivir en México porque siente mayor seguridad y bienestar para sus hijos.
Ella llevó a su hijo porque le salieron manchas en la piel.
“Acá en (Suchiate) es un poco difícil porque cuando uno va al centro de salud, pues nada más cuesta que lo atiendan a uno y en mi caso, que soy migrante, ahorita hace unos meses acabo de obtener mi residencia y me costaba el servicio médico”, contó.
Las jornadas son iniciativa de la empresaria y regidora Dilma Barrios Escobar, quien se ha organizado con la la New York State Nurse Assosiation.
Roni Curvelo, coordinador de las brigadas que integran nueve personas que de manera altruista visitan las fronteras del mundo para llevar servicios de salud y medicamentos gratuitos, detalló que en esta ocasión atendieron albergues de municipios fronterizos.
“Hemos visto y en esta ocasión, porque cada ocasión es distinta, hemos visto a hondureños y guatemaltecos, pero en otras ocasiones hemos atendido a haitianos, cubanos, venezolanos, nicaragüenses”, comentó.
Las principales afectaciones a la salud que encuentran entre los migrantes son enfermedades respiratorias y de la piel, dolores musculares, estrés y ansiedad, presión arterial y diabetes.
Maritza Oviedo, migrante de Honduras, salió de ese país porque le mataron a uno de sus hijos y decidió establecerse desde hace 7 años en Suchiate, donde obtuvo su residencia permanente para establecerse de manera formal como comerciantes.
“A mí me invitó una muchacha que tiene su hijo en la escuela y me dijo que había una brigada médica y dije: hay que ir, hay un montón de padecimientos y ahorita traigo a mi hijo, esto es un ahorro”, dijo.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.