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La Internacional Villahermosa

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Madre en Texas es enviada a prisión por vengarse de compañero que hacía bullying a su hijo

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En un impactante giro de eventos, una madre en Texas enfrenta cargos luego de tomar medidas extremas para defender a su hijo del acoso escolar. La mujer, identificada como Jennifer Lynn Rossi, de 45 años, fue acusada de buscar venganza contra un compañero de clases que hostigaba a su hijo. Según informes de las autoridades locales, Rossi presuntamente preparó una bebida mezclada con vinagre, limón y sal, y la envió al otro niño en una botella deportiva, resultando en una visita al hospital para el estudiante.

La escalada de eventos comenzó cuando el hijo de Rossi informó que un compañero de clases le había robado su bebida en la escuela. En respuesta, Rossi ideó la planificación de la mezcla y le dijo a su hijo que se la ofreciera al otro niño. Posteriormente, el niño afectado por la bebida enfermiza fue trasladado al hospital con síntomas de malestar, incluyendo dolor de cabeza y náuseas.

Las autoridades descubrieron que la bebida no era tóxica, pero el incidente resultó en cargos contra Rossi por causar lesiones al niño. Aunque Rossi fue arrestada y encarcelada, logró pagar una fianza para salir en libertad provisional. La mujer, que se identificó como enfermera, admitió su responsabilidad en el incidente.

Mientras tanto, su hijo enfrenta consecuencias disciplinarias en la escuela de acuerdo con las políticas establecidas. Este incidente resalta la complejidad del acoso escolar y sus consecuencias potencialmente devastadoras para todas las partes involucradas. El acoso escolar, definido como un comportamiento agresivo y no deseado que involucra un desequilibrio de poder, sigue siendo un problema persistente en las escuelas de todo el mundo, con consecuencias que pueden ser graves y duraderas tanto para los acosados como para los acosadores.

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Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.

Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.

La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.

Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.

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