Nacionales
Linchan a un hombre que robó brócoli en Puebla
Un hombre ha sido linchado en la comunidad poblana de San Miguel Tianguistenco por una turba de personas que superaba el centenar con el método habitual de torturarle a golpes y después rociarle de gasolina para prenderle fuego. Aunque alcanzaron a trasladarlo con vida, murió en el hospital.
El fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, ha informado de que la víctima era alguien humilde que entró a los cultivos y agarró unos brócolis para comer, porque pasaba hambre. Ocurrió en la madrugada de este jueves. En las fotos se observa a la multitud bajo los focos y el humo de la lumbre con la que lo quemaron.
“Esto es algo que no se puede dejar pasar. Estamos trabajando para proceder contra quienes cometieron este salvaje hecho”, ha dicho el fiscal en rueda de prensa.
Los linchamientos se repiten cada tanto en México, especialmente en Puebla, donde un estudio de la Universidad Iberoamericana cifraba en 78 las víctimas de estos terribles sucesos entre 2015 y 2019. No han dejado de suceder. En muchas comunidades rurales, el paso de los foráneos es peligroso, máxime en horas nocturnas. Los vecinos se organizan cuando creen que alguien supone una amenaza para ellos, hacen sonar las campanas y todos se reúnen en estos rituales sangrientos donde las víctimas están muy lejos siquiera de haber cometido delito alguno.
Los expertos atribuyen estos feroces linchamientos a la costumbre de pueblos donde nunca ha llegado la justicia, ni cuando había delito ni cuando no lo había, y se toman el castigo por su cuenta. La justicia tampoco suele alcanzar a quienes comenten estas atrocidades, bajo el amparo en ocasiones de los usos y costumbres, una suerte de ley privada que permite a ciertas comunidades indígenas regirse con su propio código penal.
Unas veces es un brócoli para comer, otras un político que no les gusta, personal del censo o un funcionario electoral, en ocasiones alguien señalado de abusos sexuales o de robar niños, cuentos en su mayoría que salen más de la imaginación que de una realidad constatable. Los atrapados son golpeados con saña, golpes y machetes y, finalmente, carbonizados.
Estos crímenes no tienen una cara que poner al victimario, ocultos todos en una acción colectiva que impide administrar justicia debidamente, máxime porque suelen protegerse todos con una gruesa capa de silencio.
A mediados de junio del año pasado, en Papatlazolco, otro municipio de Puebla, quemaron vivo a Daniel Picazo González, de 31 años, que sencillamente se había perdido con su coche en una ruta nocturna por la zona, según los indicios más verosímiles.
Había estado con sus amigos tomando unas chelas y acabó en esa comunidad sacado a empujones de su vehículo, golpeado y quemado en la pista de usos múltiples, a la vista de todos y de la policía. El asunto cobró fuerza y gran repudio porque se trataba de un joven abogado que había sido asesor de algunos políticos en la Cámara de Diputados federal.
La justicia se puso a hacer su trabajo y lograron detener a varios de los implicados, para quienes el pueblo sí pidió que los sacaran de la cárcel. “Mi hijo murió como un mártir y ha ido derecho al cielo”, decía su madre sin consuelo cuando lo enterraron en la Ciudad de México. Días después, en la cancha deportiva había algunas velas y flores, pero las autoridades no se habían molestado todavía en limpiar los restos de sangre y fuego que quedaron en el suelo.
En el periodo estudiado por la Universidad Iberoamericana de Puebla, a las víctimas mortales hay que sumar otros 599 sucesos que se quedaron en tentativa. Los linchamientos se elevaron en aquellos años en un 600%. La tolerancia con estas atrocidades es alta entre la población: una encuesta sobre percepción de seguridad ciudadana y convivencia social de 2017 mostraba que el 77% de los mexicanos estaba de acuerdo con golpear a una persona sorprendida en un acto delictivo.
Nacionales
Dejan en libertad a 15 detenidos durante operativo contra “R2” en Jalisco; cinco siguen bajo custodia
Entre las personas que podrán continuar su proceso sin prisión preventiva se encuentran integrantes del grupo musical Los Arras, empleados y clientes del restaurante Sabea. La situación jurídica de otros cinco detenidos continúa pendiente de resolución.
Un juez de Control determinó que 15 de las 20 personas detenidas durante el operativo para capturar a Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, en Jalisco, puedan continuar su proceso judicial en libertad, mientras que otros cinco hombres permanecerán bajo custodia en el complejo penitenciario de Puente Grande.
La resolución se produjo después de una extensa audiencia relacionada con el despliegue de seguridad realizado en el restaurante Sabea, donde fueron aseguradas varias personas que se encontraban en el establecimiento al momento de la intervención de las autoridades.
Entre quienes obtuvieron el beneficio de enfrentar el procedimiento fuera de prisión se encuentran músicos de la agrupación Los Arras, así como trabajadores y comensales del negocio.
Sin embargo, la determinación judicial no representa una absolución, ya que los involucrados deberán cumplir con las medidas cautelares establecidas y mantenerse disponibles para las siguientes etapas del proceso.
Cinco detenidos permanecerán en Puente Grande
De acuerdo con información difundida por N+, los cinco hombres que continuarán bajo custodia fueron identificados como Fernando Omar “N”, Luis Felipe “N”, Uriel Rodrigo “N”, Óscar “N” y Rogelio “N”.
Los señalados enfrentan imputaciones relacionadas con presuntos delitos de portación de armas de fuego, narcomenudeo y pandillerismo.
Su situación jurídica todavía deberá ser definida por la autoridad judicial, conforme a los plazos establecidos y los elementos que presenten tanto el Ministerio Público como sus respectivas defensas.
Audiencia continuará el domingo 15 de noviembre
El abogado Gilberto Pedraza, quien representa legalmente a cuatro de los investigados, explicó que las 20 personas detenidas solicitaron ampliar el plazo constitucional a 144 horas.
Esta medida permite disponer de más tiempo para preparar su defensa y reunir información que pueda ser presentada ante el juez.
Por ello, la continuación de la audiencia quedó programada para el próximo domingo 15 de noviembre, fecha en la que se espera una determinación sobre la situación jurídica de los cinco hombres que permanecen detenidos.
La audiencia inicial comenzó durante la tarde del miércoles 11 de noviembre y se extendió hasta la mañana del jueves 12, debido al número de personas involucradas y las actuaciones procesales realizadas.
“R2” permanece hospitalizado; suspenden audiencia por su estado de salud
Por separado, Rafael Álvarez Ayala, conocido como “R2”, continúa recibiendo atención médica en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, después de resultar lesionado durante el operativo en el que fue capturado.
Su audiencia inicial, prevista para el miércoles 11 de noviembre mediante videoconferencia, tuvo que suspenderse debido a que los medicamentos administrados durante su recuperación le provocaban somnolencia, impidiéndole participar adecuadamente en la diligencia.
El procedimiento judicial deberá reanudarse cuando las condiciones médicas del detenido permitan garantizar su participación y el ejercicio de su derecho a la defensa.
Continúan investigaciones por operativo en restaurante Sabea
El despliegue de seguridad realizado en el restaurante Sabea, en Guadalajara, derivó en la detención de 21 personas en total, incluyendo a Rafael Álvarez Ayala, quien permanece hospitalizado.
Las autoridades federales investigan los hechos relacionados con el operativo y las posibles responsabilidades de los involucrados, mientras los procedimientos judiciales continúan por separado.
La liberación de los 15 detenidos fue confirmada este jueves 12 de noviembre, aunque deberán atender las obligaciones procesales establecidas por el juez.
El caso continuará el próximo domingo 15 de noviembre, cuando se prevé que la autoridad judicial retome las actuaciones relacionadas con los cinco hombres que permanecen recluidos en Puente Grande.
Mientras tanto, la audiencia de “R2” sigue pendiente debido a su estado de salud y las autoridades deberán garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia de los investigados.





