Internacionales
Legisladores españoles acudirán a la investidura de Claudia Sheinbaum a pesar de la postura del gobierno español

A pesar de la decisión del gobierno español de no asistir a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, varios legisladores de partidos de izquierda y nacionalistas han confirmado su presencia en el evento. La negativa del gobierno se basa en el desaire que considera que Sheinbaum le hizo al Rey Felipe VI al no invitarlo a la ceremonia. Sin embargo, los legisladores argumentan que su asistencia es importante para mantener y fortalecer las relaciones bilaterales.
Claudia Sheinbaum ha explicado que su decisión de no invitar al Rey se debe a la falta de respuesta a una carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió en 2019, en la que reclamaba una disculpa por los abusos de la conquista. Este contexto ha provocado un debate sobre la representación del Estado español en la ceremonia, con algunos legisladores, como Gerardo Pisarello de Sumar, defendiendo la importancia de no agravar las tensiones existentes.
En respuesta a la controversia, López Obrador ha reafirmado el respaldo a la decisión de Sheinbaum, subrayando que México ya no es una colonia y merece respeto. Durante su conferencia matutina, el presidente expresó que es necesario reconocer la soberanía del país y que los tiempos de dominación por parte de potencias extranjeras han terminado. Este conflicto pone de relieve las complejas relaciones entre México y España en un contexto histórico y político más amplio.
Un grupo de legisladores españoles, pertenecientes a partidos como Sumar, EH Bildu, BNG y Podemos, ha decidido asistir a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, a pesar de que el gobierno español había optado por no participar en el evento.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.