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La Internacional Villahermosa

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La Refinería Madero tendrá el recurso más alto en el sexenio de AMLO en 2023

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El gobierno federal aumentó 74 por ciento el presupuesto anual para proyectos en la refinería Francisco I. Madero, la mayoría a labores de mantenimiento. Programa 2 mil 660 millones de pesos en el paquete económico del ejercicio 2023, la cifra más alta registrada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, confirmó la Secretaría de Hacienda.

del presupuesto de egresos entregado a la cámara de diputados se le destina a Petróleos Mexicanos (Pemex) un monto superior a lo establecido en para aplicarse en el presente 2022, que apenas supera los 707 millones de pesos. Esto, a la espera de su aprobación en unas semanas.

Lo anterior es un monto único para el complejo ubicado en Ciudad Madero, en la zona sur de Tamaulipas, dentro del presente sexenio. Durante el 2019 el máximo hasta antes de esta fecha se encontraba en los 2 mil millones de pesos, con el objetivo de aumentar la producción de petrolíferas principalmente gasolinas.

Además, contará con $245 millones etiquetados a la adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para los procesos de Isomerización, hidrotratamiento de gasolina, turbosina, destilados intermedios, gasóleos y nafta coquización, así como a la reformación, hidrogenación selectiva, producción de componentes oxigenados para gasolinas y recuperación de azufre.

Por último, en cuanto a la compra de resinas de intercambio iónico para la planta de Tratamiento de Agua, hay 25 millones de pesos en puerta, enfatizó el documento.

Nacionales

Organizaciones exigen a Sedena comprobar que no utilizó Pegasus para espiar a periodistas y activistas

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La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social Tic exigió al gobierno y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentar pruebas que contradigan su informe Ejército Espía.

Con su publicación, las entidades aseguraron que las Fuerzas Armadas intervinieron el celular de dos periodistas y un activista de derechos humanos. Sin embargo, tanto el ejército como el Gobierno federal negaron los hechos.

Debido a esto, organizaciones insistieron que “la Sedena no desvirtúa de forma alguna lo publicado en la investigación ‘Ejército Espía’”. Es decir, “no refuta dos hechos comprobados con diversos documentos, cuya autenticidad no ha sido puesta en duda”.

En este sentido, las entidades no gubernamentales solicitaron a las Fuerzas Armadas que publiquen la totalidad de los contratos relacionados a la contratación y prestación del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”.

Así mismo, señalaron que presentaron los contratos del Gobierno con empresas que utilizan este software y que, al ser cuestionados al respecto, omitieron la información.

Por esto, pidieron “responder si los documentos que demuestran la contratación con Comercializadora Antsua S.A. de C.V. y el ocultamiento de la misma ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República (FGR) y R3D son falsos o auténticos”.

Dentro de sus demandas, también incluyeron la de especificar si las acciones de inteligencia, como las llamó el presidente López Obrador, incluyen la intervención de comunicaciones privadas de civiles.

Además, aseguraron que no se presentaron pruebas para contradecir el uso del malware Pegasus en contra del activista Raymundo Ramos y de los periodistas, Ricardo Raphael y un miembro de Animal Político, tal como ha sido comprobado por Citizen Lab.

Las organizaciones señalaron que la Sedena se contradijo, ya que admitió que utilizó el software Pegasus entre 2011 y 2013.

Sin embargo, “los hallazgos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en los que se revela el uso de Pegasus por parte del Ejército después de 2013″.

Adicionalmente, hicieron énfasis en que la Sedena no está facultada legalmente para intervenir los dispositivos de civiles, por lo que llevarlo a cabo va en contra de la constitución.

“La Sedena afirmó no haber solicitado autorización judicial para intervenir comunicaciones privadas (…) por lo que aún si tuviera facultades legales, cualquier intervención de comunicaciones que la SEDENA haya llevado a cabo es ilegal”, señalaron.

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