Internacionales
La FTC demanda a Live Nation y Ticketmaster por favorecer revendedores y ocultar tarifas

La Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos (FTC) presentó una demanda contra Live Nation y su filial Ticketmaster, acusándolas de participar en prácticas que facilitaron la reventa masiva de boletos, eludir los límites impuestos por artistas y ocultar cargos a los consumidores, lo que resultó en precios finales notablemente más altos.
Según la denuncia, Ticketmaster permitió que intermediarios (brokers) adquirieran grandes lotes de entradas —en ocasiones mediante cuentas falsas o herramientas automatizadas— y luego las revendieran en el mercado secundario con sobreprecios significativos, de los cuales la plataforma obtuvo comisiones adicionales. La FTC afirma que estas prácticas ocurrieron de manera sistemática entre 2019 y 2024, periodo en el que Ticketmaster habría registrado miles de millones de dólares en ingresos por tarifas de reventa.
La acción legal fue presentada por la FTC con el respaldo de fiscales de siete estados. El organismo asegura además que Ticketmaster ocultó o presentó de forma poco clara el precio total de los boletos al consumidor —es decir, el precio base más las “fees” y cargos finales—, generando confusión y perjuicio económico a los compradores y dificultando a artistas y promotores el control sobre la distribución de entradas.
Esta demanda se suma a otras investigaciones y litigios en curso contra Live Nation/Ticketmaster, incluida una demanda antimonopolio presentada por el Departamento de Justicia en 2024 que cuestiona la amplia influencia de la empresa en el mercado de espectáculos en vivo. Analistas y autoridades han señalado que, de prosperar las reclamaciones, las medidas podrían incluir sanciones económicas, órdenes para cambiar prácticas comerciales y, potencialmente, remedios estructurales para limitar conflictos de interés.
Live Nation y Ticketmaster tienen la oportunidad de responder ante los tribunales; hasta el corte informativo más reciente no se había emitido una reacción pública exhaustiva por parte de la compañía. La presentación de la FTC reaviva el debate sobre la necesidad de mayor transparencia en la venta de boletos y sobre qué mecanismos regulatorios son necesarios para proteger a consumidores y artistas frente a la reventa abusiva.
Qué sigue
La demanda abrirá un proceso judicial donde se revisarán pruebas sobre la conducta de Live Nation/Ticketmaster y el impacto en el mercado. Dependiendo de la resolución, los cambios podrían ir desde multas y compensaciones hasta órdenes que modifiquen la forma en que operan los mercados primario y secundario de boletos.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.