Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, advirtió que la elección del Poder Judicial presenta desafíos significativos que son comparables a los de una elección presidencial. En su conferencia sobre las “Implicaciones electorales de la reforma judicial”, De la Mata señaló que esta elección conlleva la necesidad de establecer una nueva geografía electoral, definir circuitos y distritos judiciales, y organizar campañas sin acceso a financiamiento público, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad de las candidaturas.

El magistrado destacó que la elección abarcará 16 cargos a nivel nacional, entre los que se incluyen nueve ministros de la Suprema Corte y dos magistrados de la Sala Superior. Sin embargo, una de las problemáticas principales radica en la delimitación del territorio electoral, que no coincide con los circuitos judiciales existentes. De la Mata subrayó que el proceso de diseño de la cartografía electoral, llevado a cabo por el Instituto Nacional Electoral (INE), tomó tres años y requirió consultas a diversas comunidades.

Las campañas electorales tendrán una duración de 60 días, pero la falta de financiamiento público o privado para las candidaturas genera incertidumbre sobre cómo se llevarán a cabo las promociones y si los candidatos podrán contar con equipos de campaña. De la Mata cuestionó si solo los individuos con recursos significativos podrán participar, advirtiendo sobre el riesgo de que las elecciones se conviertan en un proceso exclusivo para los más adinerados o aquellos que logren ocultar el origen de sus fondos.

Además, planteó desafíos logísticos respecto a las boletas electorales, considerando que el formato actual podría volverse complicado al incluir numerosos nombres sin logotipos de partidos. En la Ciudad de México, por ejemplo, se tendrían que elegir hasta 200 cargos, lo que podría requerir la creación de un gran número de boletas y urnas, generando una complejidad adicional en el proceso electoral.

Por último, De la Mata hizo hincapié en la necesidad de resolver estas problemáticas a través de la legislación secundaria. En caso de que el Congreso no actúe, el INE podría verse obligado a emitir lineamientos que subsanen las deficiencias identificadas. Asimismo, se refirió a la cuestión de las acciones afirmativas y la paridad en la postulación de cargos, destacando que aunque la reforma lo plantea, no se asegura una representación equitativa en la llegada a los cargos.