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La comunidad me’phaa de Guerrero se organiza en contra del crimen y la minería

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En una asamblea histórica, más de 20 integrantes de la comunidad Me’phaa de Malinaltepec, Guerrero, optaron por tomar medidas decisivas para proteger su territorio y confrontar tanto al crimen organizado como a las empresas mineras extranjeras que representan una amenaza para su estilo de vida. Esta acción, liderada por el Sistema de Seguridad de Resguardo Territorial Indígena (Serti), marca un hito en la lucha por la autodeterminación y la preservación cultural.

La asamblea, celebrada en la comunidad me’phaa de Tilapa, contó con la participación de comisarios municipales, delegados de colonias y poblados, así como autoridades locales y representantes de la Iglesia católica. El primer paso fue anunciar la creación de un consejo de honor y justicia encargado de supervisar el trabajo de los 20 guardias comunitarios del Serti.

El Serti estará dirigido por un consejo de honor y justicia presidido por Humberto Ambrosio Santana y Félix Galeana Neri, así como Esther Mendoza Bernardino y Vicencia Espíndola Cantú, quienes vigilarán el trabajo de los 20 guardias comunitarios. El alcalde de Malinaltepec, Acasio Flores Guerrero les entregó 2 rifles de 12 cartuchos, uniformes, chalecos, gorras y playeras.

Este movimiento surge en respuesta a la crisis de gobernabilidad y la creciente violencia que afecta a las comunidades indígenas en la región de La Montaña. El Serti, respaldado por el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet), se presenta como una alternativa indígena y comunitaria para proteger el territorio y los recursos naturales.

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ONGs alertan riesgos a proyectos sociales y piden diálogo con autoridades

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Organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre posibles riesgos para la continuidad de diversos proyectos sociales, por lo que hicieron un llamado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar para establecer un diálogo abierto.

De acuerdo con las ONGs, ciertas disposiciones administrativas y fiscales podrían afectar la operación de programas comunitarios, impactando directamente a poblaciones vulnerables que dependen de estos apoyos.

Ante esta situación, solicitaron mesas de trabajo con las autoridades para revisar las medidas y buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de sus actividades.

Las organizaciones subrayaron la importancia de fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad civil, con el fin de mantener el impacto positivo de los proyectos sociales en distintas regiones del país.

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