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La Internacional Villahermosa

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Justicia británica solicita garantías a EE. UU. antes de decidir sobre la extradición de Julian Assange, fundador de WikiLeaks

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La justicia británica pospuso este martes su veredicto sobre si otorga a Julian Assange un último recurso contra su extradición a Estados Unidos, solicitando a Washington más “garantías” sobre el tratamiento que recibiría el fundador de WikiLeaks.

Los jueces de la Alta Corte de Londres otorgaron un plazo de tres semanas a las autoridades estadounidenses, que buscan juzgar al australiano de 52 años por la filtración masiva de documentos confidenciales.

Con esta solicitud, se pretende asegurar que en Estados Unidos, Julian Assange tendrá protección bajo la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que salvaguarda la libertad de expresión, y que no será sentenciado a la pena de muerte, según un resumen del fallo.

En ausencia de estas garantías dentro del plazo establecido, Assange podrá apelar su extradición, aprobada en junio de 2022 por el gobierno británico, decidieron los jueces Victoria Sharp y Jeremy Johnson.

En caso de que se presenten las garantías requeridas, se programará una nueva audiencia para el 20 de mayo. En esta ocasión, los jueces evaluarán si dichas garantías son satisfactorias y si Assange puede ejercer un último recurso contra su extradición.

En el caso de un fallo desfavorable, Assange solo podrá recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para suspender la extradición, pero los plazos son ajustados.

Assange enfrenta una posible condena de hasta 175 años de prisión por la divulgación, desde 2010, de más de 700 mil documentos confidenciales sobre actividades militares y diplomáticas estadounidenses, especialmente en Irak y Afganistán.

Entre estos documentos se encuentra un video que muestra a civiles, incluidos dos periodistas de Reuters, muertos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak, en julio de 2007.

Assange fue arrestado por la policía británica en 2019 después de pasar siete años en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar su extradición a Suecia en relación con una investigación por violación, la cual fue desestimada en 2019.

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Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.

Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.

La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.

Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.

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