La jueza tercera de distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó a todas las autoridades vinculadas restaurar el servicio educativo conocido como Escuelas de Tiempo Completo, tal y como operaba antes del traslado de sus objetivos al programa “La Escuela es Nuestra” (LEEN).

Así lo manda dado que, si bien se reconoce que LEEN persigue algunos de los objetivos de las Escuelas de Tiempo Completo, la realidad es que no se logran satisfacer en su conjunto de la misma manera que lo hacían en el programa Escuelas de Tiempo Completo.

La decisión es resultado de una demanda de amparo presentada por Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, acompañados por el despacho Aguilar Barroso Abogados.

En la demanda se reclama, entre otras cosas, que las autoridades federales violaron el derecho a la educación y a la alimentación de millones de niñas, niños y adolescentes al excluir a beneficiarias y beneficiarios de años anteriores de manera arbitraria, y al no garantizar los recursos que permitan que las escuelas puedan tener horas adicionales de aprendizaje y alimentos en la práctica.

En ese sentido, la jueza de distrito obliga al Ejecutivo federal, a la Cámara de Diputados y a todas las autoridades encargadas de la implementación de los programas ETC y LEEN, incluyendo la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a “adoptar todas las medidas que se estimen pertinentes a fin de que se sigan otorgando los mismos beneficios que se encontraban previstos en aquélla (ETC), incluyendo los ajustes presupuestarios que se estimen convenientes para ese fin”.

Además, la jueza reconoció que se afectó desproporcionadamente a las mujeres madres de familia, quienes dependían de las ETC para tener un lugar seguro para sus hijas e hijos, mermando “la posibilidad de que (…) desarrollen de manera efectiva sus proyectos de vida y la posibilidad de una estabilidad laboral que tiene impacto en su economía”.