Una jueza federal suspendió de forma indefinida la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, además de ordenar devolver su control a  la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Dicha suspensión definitiva fue otorgada por Karla María Macías Lovera, jueza Noveno de Distrito con residencia en el estado de Guanajuato, a Ángel Castro Gómez, quien es representante de la organización Uniendo Caminos México.

Dicha organización alegó que si la Guardia Nacional pasa a la Sedena  potencia el peligro para el libre ejercicio de actividades dirigidas a proteger los derechos humanos, ya que su incorporación podría generar  un efecto inhibidor y amedrentador de libertades sociales como la libre manifestación de ideas, expresión y reunión.

Esto debido a que la seguridad pública no es de carácter militar, sino que es una función del Estado de naturaleza civil a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, tal y como lo marca el artículo 21 de la Constitución mexicana.

La juzgadora apuntó que la suspensión definitiva debe otorgarse con base a jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y precedentes de la Corte Interamericana.

En caso de que la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena ya haya comenzado, los recursos deberán restituirse a la SSPC en base al Presupuesto de Egresos de 2022.

“Esta suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues sólo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución”, dijo.