Internacionales
Italia aprueba proyecto de ley contra el feminicidio con penas que pueden llegar a cadena perpetua

El gobierno italiano aprobó un proyecto de ley que, por primera vez, introduce la definición legal de feminicidio en el derecho penal del país y lo castiga con cadena perpetua.
La medida, anunciada en vísperas del Día Internacional de la Mujer el sábado, tiene como objetivo abordar una impactante serie de asesinatos y violencia contra las mujeres en Italia mediante el fortalecimiento de las medidas contra los delitos de género como el acoso y la pornografía vengativa.
La propuesta, acordada el viernes por la noche, aún necesita pasar por el Parlamento y ser aprobada por ambas cámaras para convertirse en ley.
“Introduce circunstancias agravantes y aumenta las penas para delitos que incluyen maltrato personal, acoso, violencia sexual y pornografía vengativa”, dijo en un comunicado.
Aunque la oposición de centroizquierda acogió con satisfacción la medida, destacó que la nueva ley sólo aborda el aspecto penal del problema, dejando de lado las divisiones económicas y culturales. Recientemente, el feminicidio ha surgido como un problema sistémico profundamente arraigado en la cultura patriarcal de Italia, y algunos incidentes violentos han renovado el debate sobre los delitos de género.
Particularmente impactante fue el asesinato de Giulia Cecchettin, la estudiante universitaria de 22 años brutalmente apuñalada por su ex novio Filippo Turetta en noviembre de 2023. El pasado mes de diciembre, Turetta fue condenado a cadena perpetua.
Estudios recientes muestran que, si bien los asesinatos han ido disminuyendo en el país mediterráneo, la tasa de feminicidios tiende a estabilizarse o a disminuir sólo ligeramente, aunque sigue estando estrictamente vinculada a la familia o a la “esfera emocional” de las víctimas.
Los datos oficiales del Ministerio del Interior italiano registraron 113 feminicidios en 2024, de los cuales 99 cometidos por familiares, parejas o exparejas.
La organización de derechos de las mujeres Non Una di Meno, que cada año organiza manifestaciones en ciudades italianas y una huelga de un día para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, fue muy crítica con el proyecto de ley.
“Es una maniobra propagandística”, afirma la activista Serena Fredda, mientras marcha junto a miles de personas por el centro de Roma. “Es un gobierno que tiende a multiplicar los delitos y olvida que, a pesar del aumento de las penas, no hay una verdadera disuasión”.
Fredda señaló que “el feminicidio es solo la punta del iceberg: debemos trabajar para eliminar la discriminación que afecta a las mujeres desde la escuela hasta el trabajo”.
Internacionales
Exfuncionarios de EE.UU. acusan a Trump de abuso de poder

Un grupo de aproximadamente 200 exfuncionarios de seguridad nacional, tanto republicanos como demócratas, firmaron una carta abierta en la que acusan al presidente Donald Trump de abusar de su poder para vengarse de sus críticos, tras la revocación de las credenciales de seguridad de dos exempleados del gobierno.
Entre los firmantes destaca Ty Cobb, exabogado especial de Trump, junto con otros antiguos miembros de administraciones republicanas. Los exfuncionarios señalan que dos memorandos ejecutivos firmados por Trump a principios de abril tenían como blanco a personas específicas: Chris Kebs, exlíder de la Agencia de Ciberseguridad, quien cuestionó las acusaciones de fraude electoral en 2020, y Miles Taylor, exjefe de personal del Departamento de Seguridad Nacional, crítico del mandatario en un libro publicado bajo seudónimo.
Los firmantes aseguran que estas acciones representan “una peligrosa escalada en el abuso del poder presidencial”, acusando a Trump de manipular instituciones federales para ejecutar venganzas personales y reprimir la libertad de expresión. Advierten que estas prácticas acercan al país a una autocracia y recuerdan episodios oscuros como la “lista de enemigos” del expresidente Richard Nixon.
En paralelo, Trump anunció en su red Truth Social que pronto emitirá nuevas regulaciones que facilitarán el despido de empleados públicos que no respalden sus políticas o incurran en actos que él considere “corruptos”. Según el presidente, estas medidas permitirán que el gobierno funcione “como una empresa”, aunque expertos advierten que esto podría dejar vulnerables a miles de funcionarios frente a decisiones arbitrarias.
Los exfuncionarios piden a Trump revertir las medidas y respetar las normas democráticas que han regido históricamente al país.