Internacionales
Italia aprueba proyecto de ley contra el feminicidio con penas que pueden llegar a cadena perpetua

El gobierno italiano aprobó un proyecto de ley que, por primera vez, introduce la definición legal de feminicidio en el derecho penal del país y lo castiga con cadena perpetua.
La medida, anunciada en vísperas del Día Internacional de la Mujer el sábado, tiene como objetivo abordar una impactante serie de asesinatos y violencia contra las mujeres en Italia mediante el fortalecimiento de las medidas contra los delitos de género como el acoso y la pornografía vengativa.
La propuesta, acordada el viernes por la noche, aún necesita pasar por el Parlamento y ser aprobada por ambas cámaras para convertirse en ley.
“Introduce circunstancias agravantes y aumenta las penas para delitos que incluyen maltrato personal, acoso, violencia sexual y pornografía vengativa”, dijo en un comunicado.
Aunque la oposición de centroizquierda acogió con satisfacción la medida, destacó que la nueva ley sólo aborda el aspecto penal del problema, dejando de lado las divisiones económicas y culturales. Recientemente, el feminicidio ha surgido como un problema sistémico profundamente arraigado en la cultura patriarcal de Italia, y algunos incidentes violentos han renovado el debate sobre los delitos de género.
Particularmente impactante fue el asesinato de Giulia Cecchettin, la estudiante universitaria de 22 años brutalmente apuñalada por su ex novio Filippo Turetta en noviembre de 2023. El pasado mes de diciembre, Turetta fue condenado a cadena perpetua.
Estudios recientes muestran que, si bien los asesinatos han ido disminuyendo en el país mediterráneo, la tasa de feminicidios tiende a estabilizarse o a disminuir sólo ligeramente, aunque sigue estando estrictamente vinculada a la familia o a la “esfera emocional” de las víctimas.
Los datos oficiales del Ministerio del Interior italiano registraron 113 feminicidios en 2024, de los cuales 99 cometidos por familiares, parejas o exparejas.
La organización de derechos de las mujeres Non Una di Meno, que cada año organiza manifestaciones en ciudades italianas y una huelga de un día para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, fue muy crítica con el proyecto de ley.
“Es una maniobra propagandística”, afirma la activista Serena Fredda, mientras marcha junto a miles de personas por el centro de Roma. “Es un gobierno que tiende a multiplicar los delitos y olvida que, a pesar del aumento de las penas, no hay una verdadera disuasión”.
Fredda señaló que “el feminicidio es solo la punta del iceberg: debemos trabajar para eliminar la discriminación que afecta a las mujeres desde la escuela hasta el trabajo”.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.