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La Internacional Villahermosa

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Interpol emite ficha de búsqueda contra los dueños de la mina del Pibanete en Coahuila

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La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ficha roja a la Dirección General de Asuntos Policiales e Internacionales de INTERPOL, así como una alerta migratoria ante el Instituto Nacional de Migración contra Cristian “S”, el presunto explotador de la mina de El Pinabete, así como de Arnulfo “G” y Luis “G”, quienes son los propietarios de la compañía Minera El Pinabete, donde el pasado 3 de agosto quedaron atrapados 10 trabajadores.

Ello, luego de que se programara la fecha para llevar a cabo la audiencia inicial en contra de las referidas personas, quienes no acudieron. Por lo que la Fiscalía de la Federación emitió tres órdenes de aprehensión en contra de los antes señalados.

De acuerdo con la dependencia, el imputado, Cristian “S”, tramitó juicio de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, fijando el Juez de mérito una garantía de 500 mil pesos, sin que hasta este momento se haya depositado el monto, por lo que la orden de aprehensión sigue vigente.

Del mismo modo, las autoridades practicaron diligencia de cateo a las oficinas de la CIA Minera El Pinabete, asegurando el inmueble, documentación y equipos de cómputo. También se decretó el aseguramiento del predio conocido como Las Conchitas Norte, propiedad de la misma empresa, ubicado en la comunidad Las Agujitas, municipio de Sabinas, Coahuila.

Ello, luego de que la Fiscalía recabara diversos datos de prueba, que consistieron en 25 entrevistas a víctimas directas e indirectas y testigos, quienes son trabajadores del pozo de referencia, así como a las personas consideradas como probables responsables de la inundación del pozo.

Para dar con los presuntos responsables, la dependencia llevó a cabo cho dictámenes periciales, entre los que destacan el de Criminalística de Campo en la mina El Pinabete, para obtener los indicios asociados al hecho; de Fotografía Forense, de Arquitectura, Ingeniería y Topografía, con el propósito de esclarecer las circunstancias que originaron el colapso en el pozo minero; de Medicina Forense, de Contabilidad, de Identificación de minerales, y de documentación, entre otros.

Finalmente, la dependencia indicó que continuará con las investigaciones para dar cumplimiento a los mandamientos judiciales, así como para la determinación de otras conductas delictivas imputables a los ya señalados y a quien resulte responsable.

Nacionales

Organizaciones exigen a Sedena comprobar que no utilizó Pegasus para espiar a periodistas y activistas

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La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social Tic exigió al gobierno y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentar pruebas que contradigan su informe Ejército Espía.

Con su publicación, las entidades aseguraron que las Fuerzas Armadas intervinieron el celular de dos periodistas y un activista de derechos humanos. Sin embargo, tanto el ejército como el Gobierno federal negaron los hechos.

Debido a esto, organizaciones insistieron que “la Sedena no desvirtúa de forma alguna lo publicado en la investigación ‘Ejército Espía’”. Es decir, “no refuta dos hechos comprobados con diversos documentos, cuya autenticidad no ha sido puesta en duda”.

En este sentido, las entidades no gubernamentales solicitaron a las Fuerzas Armadas que publiquen la totalidad de los contratos relacionados a la contratación y prestación del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”.

Así mismo, señalaron que presentaron los contratos del Gobierno con empresas que utilizan este software y que, al ser cuestionados al respecto, omitieron la información.

Por esto, pidieron “responder si los documentos que demuestran la contratación con Comercializadora Antsua S.A. de C.V. y el ocultamiento de la misma ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República (FGR) y R3D son falsos o auténticos”.

Dentro de sus demandas, también incluyeron la de especificar si las acciones de inteligencia, como las llamó el presidente López Obrador, incluyen la intervención de comunicaciones privadas de civiles.

Además, aseguraron que no se presentaron pruebas para contradecir el uso del malware Pegasus en contra del activista Raymundo Ramos y de los periodistas, Ricardo Raphael y un miembro de Animal Político, tal como ha sido comprobado por Citizen Lab.

Las organizaciones señalaron que la Sedena se contradijo, ya que admitió que utilizó el software Pegasus entre 2011 y 2013.

Sin embargo, “los hallazgos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en los que se revela el uso de Pegasus por parte del Ejército después de 2013″.

Adicionalmente, hicieron énfasis en que la Sedena no está facultada legalmente para intervenir los dispositivos de civiles, por lo que llevarlo a cabo va en contra de la constitución.

“La Sedena afirmó no haber solicitado autorización judicial para intervenir comunicaciones privadas (…) por lo que aún si tuviera facultades legales, cualquier intervención de comunicaciones que la SEDENA haya llevado a cabo es ilegal”, señalaron.

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