La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ficha roja a la Dirección General de Asuntos Policiales e Internacionales de INTERPOL, así como una alerta migratoria ante el Instituto Nacional de Migración contra Cristian “S”, el presunto explotador de la mina de El Pinabete, así como de Arnulfo “G” y Luis “G”, quienes son los propietarios de la compañía Minera El Pinabete, donde el pasado 3 de agosto quedaron atrapados 10 trabajadores.

Ello, luego de que se programara la fecha para llevar a cabo la audiencia inicial en contra de las referidas personas, quienes no acudieron. Por lo que la Fiscalía de la Federación emitió tres órdenes de aprehensión en contra de los antes señalados.

De acuerdo con la dependencia, el imputado, Cristian “S”, tramitó juicio de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, fijando el Juez de mérito una garantía de 500 mil pesos, sin que hasta este momento se haya depositado el monto, por lo que la orden de aprehensión sigue vigente.

Del mismo modo, las autoridades practicaron diligencia de cateo a las oficinas de la CIA Minera El Pinabete, asegurando el inmueble, documentación y equipos de cómputo. También se decretó el aseguramiento del predio conocido como Las Conchitas Norte, propiedad de la misma empresa, ubicado en la comunidad Las Agujitas, municipio de Sabinas, Coahuila.

Ello, luego de que la Fiscalía recabara diversos datos de prueba, que consistieron en 25 entrevistas a víctimas directas e indirectas y testigos, quienes son trabajadores del pozo de referencia, así como a las personas consideradas como probables responsables de la inundación del pozo.

Para dar con los presuntos responsables, la dependencia llevó a cabo cho dictámenes periciales, entre los que destacan el de Criminalística de Campo en la mina El Pinabete, para obtener los indicios asociados al hecho; de Fotografía Forense, de Arquitectura, Ingeniería y Topografía, con el propósito de esclarecer las circunstancias que originaron el colapso en el pozo minero; de Medicina Forense, de Contabilidad, de Identificación de minerales, y de documentación, entre otros.

Finalmente, la dependencia indicó que continuará con las investigaciones para dar cumplimiento a los mandamientos judiciales, así como para la determinación de otras conductas delictivas imputables a los ya señalados y a quien resulte responsable.