Internacionales
Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco, seguirá preso en Paraguay tras rechazar extradición simplificada

Asunción, Paraguay. – Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco y señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora, permanecerá detenido en Paraguay luego de rechazar someterse a una extradición simplificada hacia México.
El pasado 12 de septiembre, Bermúdez fue capturado en un operativo binacional en el municipio de Mariano Roque Alonso, en las afueras de Asunción, tras una orden de aprehensión girada en México y una ficha roja emitida por Interpol.
Durante la audiencia realizada ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, presidida por el magistrado Osmar Legal, el exfuncionario rechazó acogerse al procedimiento abreviado de extradición, lo que obliga a que su entrega a las autoridades mexicanas se tramite por la vía ordinaria, un proceso más largo y complejo que podría extenderse por al menos 60 días.
Mientras tanto, Bermúdez permanecerá en prisión preventiva en instalaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay, a la espera de que avance el procedimiento legal.
La Fiscalía General de la República (FGR) en México busca su extradición por delitos de delincuencia organizada, secuestro exprés y extorsión, además de acusaciones relacionadas con su presunta participación en actividades del crimen organizado en Tabasco y otros estados.
Aunque versiones periodísticas sugirieron que había sido trasladado de inmediato a México, autoridades paraguayas aclararon que no habrá extradición inmediata y que el proceso judicial sigue abierto en ese país.
Con este caso, se abre un capítulo clave en la cooperación entre Paraguay y México en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada transnacional.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.