El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) fijo la revisión de los resultados de las elecciones presidenciales del 25 de junio para el martes 4 de julio después de que se acatara un fallo judicial para resolver denuncias sobre supuestas irregularidades.

La revisión de los escrutinios se realizará en el centro de operaciones del proceso electoral en la capital, el cual está fuertemente custodiado por policías y militares, incluido un equipo antidisturbios, observó la agencia AFP.

La máxima entidad judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), aceptó el sábado por la noche un amparo promovido por nueve partidos de derecha por lo que ordenó al TSE suspender provisionalmente “la calificación y oficialización de resultados” y ordenó la revisión.

En las elecciones generales del pasado domingo, los socialdemócratas Sandra Torres (15.86%) y Bernardo Arévalo (11.77%) fueron los más votados entre los 22 aspirantes. 

Sin embargo, ni Torres ni Arévalo alcanzaron el 50% necesario para ganar las elecciones, por lo que se fijó una segunda vuelta para el 20 de agosto entre ambos candidatos.

Las denuncias sostienen que hay más de mil actas alteradas. Esa cantidad de actasrepresentan el 0.82% de las 121 mil 227 procesadas (de un total de 122 mil 293) en el escrutinio, según cifras oficiales.

Entre los partidos que interpusieron la querella figuran el oficialista Vamos, que postuló a la presidencia a Manuel Conde, tercero en la contienda (con 7.84%), y Valor, cuya candidata Zury Ríos, hija del fallecido ex dictador Efraín Ríos Montt y una de las favoritas para las elecciones, salió sexta con apenas el 6.57% de los votos.

“Mañana (martes) comienza el cotejo de actas, esa revisión se hace de acuerdo con lo que ordenó la CC. Se hace solo el cotejo de actas porque un recuento de votos no existe en la legislación” guatemalteca, dijo a la AFP una fuente de comunicación del TSE.
Detalló que estas segundas audiencias de revisión participan los fiscales departamentales de los partidos. La primera se realizó la semana pasada.

Ante el fallo judicial, el Departamento de Estado de Estados Unidos, las misiones de observación electoral de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su preocupación por la “judicialización del proceso electoral” y pidieron respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas.

Para el jefe de la diplomacia estadunidense, Antony Blinken, el cuestionamiento de las elecciones representa una “grave amenaza a la democracia con implicaciones de largo alcance”.

Este lunes se sumó la Conferencia Episcopal de Guatemala al reconocer las elecciones del 25 de junio.

“El entrampamiento de amparos y contramparos puede pervertir el sentido de que las elecciones se dirimen en las urnas ya que la soberanía corresponde al pueblo de Guatemala y no a los tribunales”, sentenció.