El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, ha revelado que las empresas pertenecientes al Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, tienen una deuda acumulada de más de 63 mil millones de pesos con la Hacienda pública.

Esta cifra se desglosa en más de 53 mil millones correspondientes a juicios fiscales, resultado de auditorías realizadas por el SAT entre 2008 y 2018, y más de 10 mil millones por concepto de créditos fiscales.

Durante una conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se destacó que esta deuda supera incluso los presupuestos anuales de algunas entidades federativas, como Baja California Sur y Tlaxcala.

La mayor parte del adeudo está vinculada a la figura de consolidación fiscal, utilizada entre 1982 y 2013 para permitir a los contribuyentes compensar ganancias y pérdidas dentro de un mismo grupo, así como diferir o aplazar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), sin embargo, no eximía de las responsabilidades fiscales.

Inicialmente, el monto que Grupo Salinas debía pagar era de 38 mil millones de pesos, pero se incrementó debido a actualizaciones, inflación y recargos.

Félix Arturo Medina Padilla, exprocurador fiscal de la federación y actual subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, señaló que las compañías han empleado su estructura legal y corporativa para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia definitiva que las obligaría al pago de impuestos.

En este contexto, la Procuraduría Fiscal de la Federación indicó que Grupo Salinas ha utilizado interpretaciones selectivas y recursos innecesarios para dilatar los procesos judiciales.

Se espera que el Poder Judicial, en particular el tribunal colegiado encargado del caso, emita una resolución pronta antes de que concluya el sexenio, según expresó el presidente López Obrador.

La intención no es afectar a los empresarios, sino evitar la condonación de impuestos a grandes empresas y combatir la corrupción.