La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, presentó este jueves una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar las restricciones establecidas en la reciente reforma al Código Electoral de Michoacán, al considerar que vulneran los derechos de quienes buscan competir por cargos de elección popular mediante la vía independiente.

Acompañada por el activista y aspirante a la gubernatura de Chihuahua, Julián LeBarón, así como por el diputado local michoacano Carlos Bautista Tafolla, la edil sostuvo que las nuevas disposiciones representan obstáculos que limitan la competitividad electoral y reducen las condiciones de equidad para los participantes sin partido.

Entre los puntos que cuestionó se encuentra la prohibición para que candidatos independientes compartan emblemas, colores o identidad gráfica, además de las restricciones para realizar propaganda conjunta o coordinar campañas.

Quiroz, viuda del alcalde asesinado Carlos Manzo y vinculada al denominado “Movimiento del Sombrero”, hizo un llamado a las y los ministros del máximo tribunal del país para garantizar el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes y asegurar condiciones equitativas en los procesos electorales.

Además, señaló que la reforma contempla requisitos técnicos que calificó como excesivos, entre ellos la obligación de reunir 73 mil 196 firmas ciudadanas para validar una candidatura independiente a la gubernatura de Michoacán, requisito que, afirmó, constituye una barrera desproporcionada que desalienta la participación ciudadana.

A su llegada a la sede de la Corte, la presidenta municipal fue recibida por simpatizantes que expresaron su respaldo, mientras que su equipo jurídico y acompañantes entregaron formalmente los argumentos de la impugnación ante una comisión especial del tribunal.

Esta acción se suma al debate nacional sobre las reglas que regulan la participación de candidaturas independientes y podría sentar un precedente para futuros procesos electorales al definir si las restricciones locales afectan derechos políticos protegidos por la Constitución.