El gobierno federal ha tomado medidas legales contra el exfiscal encargado del caso Ayotzinapa debido a las irregularidades y omisiones que permitieron la liberación de 50 sospechosos, según declaraciones del presidente.

El gobierno de la República ha decidido presentar cargos penales contra Omar Gómez Trejo, el exfiscal del caso Ayotzinapa, debido a diversas irregularidades y omisiones en su gestión de las investigaciones. Estas deficiencias llevaron a la liberación de 50 individuos previamente acusados de los crímenes contra los estudiantes que ocurrieron en septiembre de 2014.

Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, quien asumió la supervisión de la investigación en septiembre pasado debido a la presunta “infiltración” de elementos que obstaculizaban la verdad de los hechos, ha señalado que Gómez Trejo no presentó pruebas acusatorias en los plazos establecidos por la ley y eximió a aquellos que afirmaron ser víctimas de tortura durante los interrogatorios del Protocolo de Estambul.

El presidente ha denunciado que varios individuos en quienes el gobierno confiaba para descubrir la verdad estaban involucrados en la red de protección que se había formado desde el gobierno anterior para ocultar la verdad sobre lo sucedido a los estudiantes y evitar la persecución de los responsables de la llamada “verdad histórica”.

Incluso, López Obrador ha revelado que la huida de Tomas Zerón, quien se presume es responsable de tortura y fue el antiguo director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), fue coordinada por varios exfuncionarios públicos que trabajaban en la Fiscalía General de la República (FGR). Estos individuos se negaron a tomar acciones legales contra Jesús Murillo Karam, el exprocurador general, y dudaron de que se llevaría a cabo un enjuiciamiento de militares.

“Yo confié en las personas que trabajaban en la investigación, creía que se habían seguido los procedimientos del Protocolo de Estambul, pero esto no sucedió. Ni siquiera se solicitó información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se pasaron los plazos. El fiscal especial dejó pasar los plazos, lo cual permitió a los abogados de los detenidos solicitar su liberación. Esto no es casual”, subrayó López Obrador.

Cuando se le preguntó al presidente quiénes habían coordinado la fuga de Tomas Zerón a Israel, respondió: “Pues, estamos investigando a todos ellos, pero sin duda hubo una protección similar a la que existía para el procurador, y esto es sumamente grave. Tenían un plazo de 10 días para presentar pruebas, y no lo hicieron. Incluso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) expresó su preocupación cuando se tomó la decisión de avanzar en las órdenes de arresto. Me dijeron que era precipitado y que tenían 90 días para hacerlo. Afortunadamente, nos dimos cuenta y estamos investigando a fondo”.

El presidente anticipó que se revelarán más detalles sobre las acciones de aquellos que intentaron ocultar la verdad sobre lo sucedido con los estudiantes.

Cuando se le preguntó si tomarían medidas legales contra el exfiscal una vez que se dieron cuenta de su negligencia en cuanto a los plazos, López Obrador respondió: “Sí, creo que sí, porque estamos recién descubriendo esta situación. No se estaba avanzando en la investigación; había una clara intención de obstruir y distorsionar los hechos. Estamos reconstruyendo todo”.

En una conferencia de prensa en el salón Tesorería, López Obrador comentó que cuando exigió resultados en las investigaciones, Murillo Karam estaba al frente, y fue entonces cuando surgió una “rebelión” de fiscales y de personas con intereses contrarios.

“Se argumentó que se había utilizado el Protocolo de Estambul, pero esto nunca se llevó a cabo. Además, no se consultó a la Comisión de Derechos Humanos, y el juez otorgó un plazo de 10 días para presentar pruebas de tortura, que pasó sin que se presentara evidencia. Pocos días después, se liberaron a todos en un solo tribunal o dos”, lamentó el mandatario.