Nacionales
Gobierno federal detalla atención a víctimas tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca
El gobierno federal dio a conocer este martes más detalles sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado domingo en Oaxaca, accidente que dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 heridas.
Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, informó que 36 personas continúan hospitalizadas en distintos centros médicos del país, además de que se brinda atención directa y permanente a las familias de las personas lesionadas y de quienes perdieron la vida.
El funcionario detalló que la distribución de los pacientes es la siguiente:
- 11 personas reciben atención en hospitales del IMSS, principalmente en Salina Cruz y Coatzacoalcos.
- 14 pacientes se encuentran en hospitales del IMSS-Bienestar en Salina Cruz y Oaxaca.
- 7 heridos son atendidos en hospitales del ISSSTE, principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec.
- En la Ciudad de México, 2 personas permanecen hospitalizadas en centros de la Secretaría de Marina.
- Una persona es atendida en el hospital Cruz Azul Laguna.
- Una más se encuentra en un hospital de Pemex.
Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que tres personas lesionadas con fracturas ya fueron operadas con éxito. Entre ellas se encuentra Regina, una menor de 3 años, quien fue intervenida quirúrgicamente en el hospital de Salina Cruz y actualmente se encuentra en proceso de recuperación.
Las autoridades federales reiteraron su compromiso de mantener el acompañamiento médico, psicológico y legal a las víctimas y sus familiares.
Nacionales
Trasladan a prisión a reportero Rafael Lafita; gremio denuncia persecución
Bajo un operativo de seguridad inusual, el reportero Rafael Lafita León fue trasladado desde la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos hacia un centro penitenciario en Veracruz.
Lafita enfrenta acusaciones de “terrorismo”, un cargo que ha generado suspicacia entre la comunidad periodística debido a la falta de pruebas contundentes y a la naturaleza desproporcionada del despliegue policial.
El gremio advierte que este proceso carece de transparencia y podría representar un grave precedente de hostigamiento contra la libertad de expresión en la entidad.






