La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su fuerte descontento ante la decisión del Poder Judicial de liberar a ocho militares acusados de estar involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En un comunicado, el gobierno mexicano acusó al Poder Judicial de tener “razones estrictamente políticas” y de mostrar una “deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el gobierno de México protege al Ejército”.

El gobierno federal, al fijar su postura después del fallo de la jueza federal y un tribunal colegiado, sostuvo que no le sorprende la posición del Poder Judicial en el caso Ayotzinapa, ya que, según ellos, “nunca ha estado dentro de sus prioridades hacer justicia ni encontrar la verdad”. Además, acusaron al Poder Judicial de obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso.

El comunicado destacó que estas decisiones judiciales han causado un “daño inconmensurable” y han minado los cimientos de la verdadera procuración de justicia. El gobierno mexicano subrayó que estas acciones judiciales están motivadas por razones políticas y reiteró su compromiso con la verdad y la justicia para los familiares de los estudiantes desaparecidos.

El caso Ayotzinapa es considerado por el gobierno como un “asunto de Estado”, y se anunció que se solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) que revise las medidas cautelares otorgadas a los militares liberados. También, se pedirá a la FGR que, de ser procedente, emita nuevas órdenes de aprehensión y agote todas las líneas de investigación.

En el comunicado, el gobierno de México expresó su apoyo y coincidió con la postura y manifestaciones de la FGR respecto a la liberación de los militares acusados en el caso Ayotzinapa.