El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha rubricado la polémica ley SB4, otorgando a la policía estatal y local la facultad de detener a inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el estado. Asimismo, la legislación concede a los jueces estatales la autoridad de ordenar el retorno de estos individuos a México. Prevista para entrar en vigencia a principios de 2024, la ley ya ha generado oposición de grupos de derechos civiles, quienes anticipan una impugnación legal que probablemente llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos.

La SB4 convierte el ingreso ilegal desde un país extranjero en un delito estatal, permitiendo al gobierno de Texas acusar a los inmigrantes de un delito menor de clase B, con penas de hasta seis meses de cárcel o multas de 2 mil dólares. En casos de condenas previas por el mismo delito, la pena podría elevarse a un delito grave con pena de cárcel estatal. Además, la ley autoriza a la justicia estatal a ordenar la expulsión de personas sin requerir un proceso judicial.

Calificada como la ley más restrictiva en materia migratoria en Estados Unidos, la SB4 permite a la policía realizar arrestos basados únicamente en sospechas sobre el estatus migratorio, generando preocupación por violaciones constitucionales según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), quien instó a Abbott a considerar soluciones más humanitarias. La ACLU argumenta que la ley otorga a Texas un poder sin precedentes para deportar personas, con consecuencias severas para familias, medios de vida y comunidades, al tiempo que crea un ambiente de temor.

Adicionalmente, Abbott ha firmado un proyecto de ley separado, el Proyecto de Ley del Senado 3, asignando 1.54 mil millones de dólares para la construcción de un muro fronterizo estatal en Texas, similar al erigido durante la administración del expresidente Donald Trump.