El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha reconocido públicamente que los grupos criminales en el estado están contratando a personas extranjeras para diversos servicios, como quedó evidenciado recientemente con la detención de un grupo de colombianos que trabajaba para ‘Los Viagras’.

En su conferencia de prensa de este lunes, el mandatario estatal confirmó que esta no es la primera vez que las autoridades detienen a personas de otros países vinculadas a grupos delincuenciales en Michoacán. “Es una detención relevante. Son ocho colombianos, pero ha habido otros casos”, señaló.

El gobernador informó que la mayoría de los extranjeros detenidos en Michoacán provienen de Colombia y El Salvador, y son contratados por el crimen organizado para diversas tareas, aunque no especificó cuáles. “Normalmente son salvadoreños y colombianos. De alguna manera, algunas bandas delincuenciales contratan estos servicios a extranjeros”, agregó.

Sin embargo, Ramírez Bedolla descartó que esta situación esté relacionada con los flujos migratorios, ya que explicó que Michoacán no se encuentra en las rutas migratorias utilizadas por los indocumentados. “Michoacán no está dentro de las rutas migratorias de Centroamérica. Normalmente, esas rutas cruzan por el Bajío, pero sobre todo por el Golfo (de México), por Veracruz, por Puebla, por el centro del país”, aclaró.

Aunque se ha detectado la presencia de colombianos en Michoacán desde 2019, principalmente involucrados en robos domiciliarios, esta es la primera vez que se evidencia su conexión con organizaciones criminales mexicanas. El pasado 8 de octubre, se desmanteló una célula colombiana que fabricaba explosivos para drones, contratada por Los Viagras, un grupo criminal que realiza ataques aéreos en la región de Tierra Caliente. En esa operación fueron detenidos ocho colombianos que portaban armas y explosivos, lo que provocó bloqueos carreteros y disturbios en la zona.

Las autoridades locales están investigando más a fondo esta problemática y tratando de abordarla de manera efectiva para combatir la creciente participación de extranjeros en actividades del crimen organizado en la región.