La Fiscalía General de la Nación anunció el martes pasado que un fiscal presentó una acusación formal contra el expresidente Uribe por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Esta decisión implica que un juez de la República será el encargado de determinar su responsabilidad en los hechos bajo investigación. El juicio se llevará a cabo en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao en Bogotá.

Para comprender esta decisión, es necesario remontarse al año 2014, cuando Uribe denunció al entonces senador Iván Cepeda por presuntamente buscar testimonios en las cárceles donde estaban detenidos paramilitares, con el fin de incriminarlo. Esta denuncia llevó a la Corte Suprema de Justicia a abrir una investigación para determinar la responsabilidad del senador de izquierda.

Sin embargo, la situación cambió cuatro años después, en 2018, cuando Uribe anunció su renuncia al Senado para enfrentar una investigación ante la Corte Suprema de Justicia. Esta investigación, iniciada contra Cepeda, se revirtió contra Uribe, pero su renuncia nunca se hizo efectiva, manteniendo su fuero como senador.

La investigación tomó relevancia con la declaración de Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar, quien afirmó haber sido coaccionado por el abogado de Uribe, Diego Cadena, y otra persona, Enrique Pardo Hasche, para cambiar su testimonio. Dos años después, la Corte Suprema ordenó la prisión domiciliaria de Uribe, quien finalmente renunció a su fuero, pasando el caso a manos de la Fiscalía.

La Corte Suprema también investiga al exrepresentante Álvaro Hernán Prada por presuntos vínculos con los mismos hechos. Prada habría contactado a un exparamilitar para influir en el testimonio de Monsalve. Esta investigación sigue en curso, ya que los hechos investigados están relacionados con su cargo como congresista en ese momento.