Este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo las órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A través de un comunicado, la FGR también detalló que las órdenes de captura van dirigidas en contra de cinco personas más y siete empresas. Tres ya se cumplimentaron y otras están pendientes de cumplirse, entre ellas la de Gómez Mont y su esposo.

“Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”, argumentó la fiscalía.

Para lograr las transacciones ilícitas, la fiscalía aseguró que los involucrados presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Segob.

“Utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaron actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”, agregó.

Reveló que la organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel e Inés, quienes operaban con supuestos representantes de personas morales. También existía un grupo formado por cinco personas que realizaban operaciones bancarias a nombre de personas morales.

Además, había otro grupo, integrado por servidores públicos, quienes facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales con las empresas operadas por Puga y Gómez Mont. “Cada una de esas células se integraba con las otras para realizar, de esa manera, los delitos que se persiguen”, dijo.

“En el caso de una de las empresas recibió más de 2 mil 500 millones de pesos”, puntualizó. y señaló que en esta investigación hubo dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos.

En noviembre de 2019, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada abrió una carpeta de investigación en contra de Álvarez Puga y Gómez Mont.