Un Juez de Control Federal Especializado determinó el miércoles que la Fiscalía General de la República (FGR) debe indagar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, por su presunta responsabilidad en los decesos ocurridos a causa de la pandemia de COVID-19.

Según el juez, el funcionario debe ser investigado por “su falta de deber de cuidado, negligencia y el debido ejercicio de su función pública”, en la atención de víctimas del virus, ya que su labor frente a la pandemia ha causado “la muerte de miles de mexicanos”.

De acuerdo con el diario Reforma, la resolución judicial es en atención al reclamo de los familiares de Felipe del Carmen Jiménez Pérez y Eber Álvarez Zavala, fallecidos por COVID-19 en el año 2020.

El 15 de diciembre la Fiscalía notificó por correo electrónico a los denunciantes que la denuncia no procedería al considerar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito, por lo que se abstendría de investigar al funcionario.

Tras la respuesta de la FGR, los denunciantes impugnaron la decisión pero un juez negó el amparo a los familiares de las víctimas.

Fue el pasado 2 de diciembre de 2021 cuando el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito revocó la resolución del Juez de Distrito, y ordenó al juez de control federal celebrar de nuevo una audiencia de impugnación, la cual se realizó el miércoles.

En la audiencia se determinó que “la FGR había emitido un acuerdo ministerial que no se encuentra debidamente fundado y motivado”.

Cabe señalar que en septiembre de 2020, legisladores del partido Acción Nacional también presentaron una denuncia ante FGR contra de Hugo López-Gatell y quienes resulten responsables por las acciones, omisiones y negligencias en la atención y desempeño frente a la pandemia originada por el COVID-19 y que sean constitutivos de delitos federales.

De acuerdo con el partido, la denuncia se presentó porque a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Consejo de Salubridad General, las autoridades federales, especialmente el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, han sido por demás deficientes y negligentes en su actuación, en contra de la vida y en detrimento de la salud de las personas.