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Farmacéuticas acosan para forzar compra de vacunas contra covid-19: López-Gatell

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Con ventas potenciales de dos mil millones de dólares en juego, el gobierno de México amenaza con cerrar la cartera y traza su línea: no permitirá que las grandes trasnacionales de los farmacéuticos “le impongan criterios económicos y le obliguen a comprar vacunas contra el SARS-COV2 para 2023″ ; incluso, todavía se analiza si será necesaria una nueva ronda de vacunación nacional, sentenció el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

“El gobierno de México no aceptará presión alguna de las entidades privadas utilizadas en el negocio de las vacunas o cualquier otro insumo para la salud, y nuestras decisiones estarán basadas en principios científicos, en análisis rigurosos y en un principio fundamental de soberanía y de separación del poder político y del poder económico”, advirtió.

López-Gatell denunció la existencia de un esquema de “obsolescencia programada” en las vacunas que ofrecen los grandes consorcios farmacéuticos, los cuales han creado productos que requieren de un continuo consumo mediante refuerzos periódicos, en vez de crear reactivos de un sólo uso.

Por el contrario, denunció que su equipo ha sido blanco de un constante “cabildeo” por parte de la industria farmacéutica para tratar de convencerles de la necesidad de comprar millones de vacunas, creando un mercado de consumo permanente en México.

“La industria farmacéutica, las casas farmacéuticas concretas que han estado involucradas en este enorme negocio, nos han estado acosando, no solo al gobierno mexicano, sino a todos los gobiernos del mundo y a la Organización Mundial de la Salud”, destacó.

Aunque no las mencionó por nombre, las únicas empresas autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para vender vacunas contra el SARS-COV2 en México son las estadunidenses Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson; la británica, AstraZeneca; el Instituto Gamaleya, de Rusia; y Sinovac así como Cansino, de China.

A la par, señaló que los argumentos científicos detrás de una nueva ronda de vacunación “todavía no son claros” por lo que, aún cuando ya hay apartada una bolsa potencial para la compra de reactivos en el Presupuesto de Egresos 2023, no es un hecho que el gobierno federal vaya a negociar nuevos contratos con farmacéuticas de Estados Unidos, Rusia, China y Gran Bretaña.

En 2022, estos siete consorcios se repartieron un presupuesto asignado a compra de reactivos cercano a los 40 mil millones de pesos, o dos mil millones de dólares, lo que hace al mexicano uno de los mercados más lucrativos del planeta y firme partícipe de las ganancias históricas que han registrado estas empresas.

Tan solo en 2021, Pfizer reportó ventas globales por 37 mil millones de dólares en vacunas contra covid, mientras que AstraZeneca se embolsó cuatro mil millones. Johnson & Johnson ganó 2.3 mil millones.

Fuente: MILENIO

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AMLO critica a EE. UU. por calificar a México en derechos humanos, mientras vende armas

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En su conferencia matutina, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador criticó duramente al gobierno de Estados Unidos, tachándolo de “caradura” por emitir informes desde el Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en México, a pesar de ser uno de los principales vendedores de armas de destrucción en el mundo.

“Es irónico que ellos se autoproclamen jueces para evaluar los derechos humanos, cuando son los principales proveedores de armas en el mundo. ¿Acaso son armas de juguete? No, son armas de destrucción que causan la pérdida de vidas humanas, incluyendo la de personas inocentes… Es una gran hipocresía que, después de aprobar y promover esta política, aún pretendan actuar como jueces en materia de derechos humanos, eso es muy grave”, expresó.

López Obrador instó al Departamento de Estado a revisar sus recomendaciones sobre derechos humanos, argumentando que violan la soberanía de los pueblos, e incluso sugirió que deberían dejar de emitirlas por ser obsoletas.

El miércoles, el presidente mexicano intensificó sus críticas contra el gobierno de Estados Unidos tras el informe sobre los derechos humanos en México, que resaltó casos de impunidad y los ataques contra el Poder Judicial desde el Ejecutivo.

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