Desde que hace un año el Tribunal Supremo de EE.UU. derogara la protección federal del derecho al aborto, hasta 14 estados lo han prohibido y millones de mujeres están en riesgo ante el “alarmante deterioro del acceso a la salud reproductiva y sexual“, advirtieron hoy expertos en derechos humanos de la ONU.

Agregaron que estas prohibiciones podrían derivar en “violaciones de los derechos de las mujeres a la privacidad, la integridad y autonomía física, la libertad de expresión, pensamiento, conciencia, religión y creencia”, entre otras.

Los colectivos más afectados por estas normas antiabortistas son las mujeres y niñas de comunidades marginadas, minorías raciales y étnicas, inmigrantes, con algún tipo de discapacidad, de hogares con rentas bajas, así como aquéllas que se encuentran en relaciones abusivas o en áreas rurales, según recalcaron los expertos.

Además, doctores y sanitarios estadounidenses se pueden enfrentar a consecuencias legales incluso si participan en procesos relacionados con abortos médicamente necesarios o que salvan vidas o la mera extirpación de tejido fetal de mujeres que han sufrido abortos espontáneos incompletos, denunciaron.

También se mostraron particularmente alarmados por los crecientes informes de amenazas de muerte a los proveedores de servicios de aborto en diversas partes de Estados Unidos.

Además, agregaron, los intentos de criminalizar el aborto en muchos estados ha disuadido a muchas mujeres y niñas a la hora de acudir al sistema sanitario en busca de cuidado prenatal.

Por otro lado, según los expertos, las autoridades encargadas de hacer cumplir estas medidas restrictivas tienen cada vez un acceso más fácil a los datos electrónicos de aquellas personas que buscan clínicas que practican abortos, sin necesidad de contar con una orden judicial.

“Instamos a los gobiernos federal y estatales a tomar medidas para revertir la regresión que está sufriendo el sistema legislativo y promulgar medidas positivas para garantizar el acceso a un aborto seguro y legal”, concluyeron.

Entre los firmantes del comunicado figuran los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Discriminación contra la Mujer, y los relatores especiales de libertad de credo (Nazila Ghanea), contra la tortura (Alice Jill Edwards), o de protección de los derechos de los migrantes (Felipe González Morales), entre otros.