Fuerzas de seguridad españolas y colombianas han desmantelado una organización delictiva que trasladó al menos a 50 mujeres a España desde Colombia para explotarlas sexualmente, además de ser amenazadas por sicarios.

Siete personas fueron detenidas en esta operación, llevada a cabo por el primer Equipo Conjunto de Investigación (ECI) judicial entre un país europeo, España en este caso, y Colombia.

Esta cooperación es un “hito”, explicó este viernes en rueda de prensa el jefe de la Guardia Civil española Miguel González Arias. También resaltó su importancia el agregado de Policía de Colombia en España, el coronel Carlos Alfredo Currea.

Los presuntos delincuentes se dedicaban a extorsionar y coaccionar a las familias de las víctimas y podrían haber obtenido unos beneficios de entre 25.000 y 35.000 euros (entre 27.000 y 38.000 dólares) en los últimos cuatro años por cada mujer explotada.

El equipo consiguió de manera coordinada trasladar a lugar seguro a varias víctimas y familiares fuera de la acción de la organización.

Su sistema financiero y de blanqueo de capitales también ha sido desmantelado en Colombia, adonde se enviaban estas ganancias ilegales.

En España fueron detenidas cuatro personas, acusadas de los delitos de trata de seres humanos para explotación sexual, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Y en Medellín (Colombia), otras tres, incluido el cabecilla del grupo criminal.

La operación comenzó a finales de 2021 gracias a la “valiente” denuncia de una víctima, ahora testigo protegida.

La mujer, según los investigadores, no quería pagar más dinero por la “deuda” (12.000 euros, 13.000 dólares) que supuestamente había contraído con la organización y porque no quería que les pasara a más mujeres.

En una salida para enviar el dinero, llamó a una “buena persona” y le explicó la situación.

Las víctimas, de entre 18 y 25 años, estaban 24 horas “enganchadas” al teléfono, casi siempre encerradas en una habitación con llave.

A cada mujer, la organización le imponía una deuda por el viaje a España y otros gastos, pero muchas llegaban a pagar hasta diez veces más por medio de sus familiares, que eran extorsionados.

Las víctimas eran embaucadas con falsas promesas de un trabajo de camarera y eran obligadas a prostituirse en viviendas de varias provincias.

Cuando las víctimas se negaban a pagar, el clan de los Pachelly amenazaba e, incluso, utilizaba la violencia contra los familiares directos para acabar con cualquier resistencia. Tiene fuerte vinculaciones con otros históricos grupos criminales, como el clan del Golfo.

Además, se ha emitido una orden internacional de detención de una mujer integrante de la organización asentada en Ecuador, acusada de captar a algunas de las víctimas.