Síguenos en las redes
La Internacional Villahermosa

Internacionales

EPS Sura (Colombia): Pérdidas de 360.000 millones de pesos, provocan solicitud de retiro

Publicado

el

EPS Sura ha solicitado a la Superintendencia Nacional de Salud la aprobación de un programa de desmonte progresivo, debido a las significativas pérdidas financieras acumuladas entre 2022 y 2023, que superan los 360.000 millones de pesos (aproximadamente 92 millones de dólares). Según la empresa, las proyecciones indican que las pérdidas podrían alcanzar los 500.000 millones de pesos (alrededor de 128 millones de dólares) en 2024, haciendo inviable su operación en el actual sistema de salud colombiano.

Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana, explicó que la solicitud busca evitar un mayor deterioro de la compañía. “Hemos realizado un gran esfuerzo para continuar en el sistema de salud, con la firme motivación de cuidar a cada una de las personas que ha confiado en EPS Sura”, afirmó Llano.

El desmonte se propone como una medida para garantizar el cumplimiento de las obligaciones con sus millones de usuarios. Llano subrayó la necesidad de tomar medidas oportunas para evitar un deterioro que impida cumplir con estas obligaciones. A pesar de múltiples esfuerzos y conversaciones con distintos actores del gobierno y el sector salud, no se han encontrado soluciones conjuntas para resolver la situación.

Llano también destacó los esfuerzos económicos y administrativos realizados por EPS Sura para mejorar la eficiencia, sin lograr resultados positivos. “Después de múltiples esfuerzos, reconocemos que hoy es imposible para EPS Sura garantizar la continuidad de sus servicios con la calidad y responsabilidad que le han caracterizado”, añadió.

El proceso de desmonte progresivo busca coordinar y planificar la transición de sus afiliados, garantizando la continuidad de los tratamientos y la entrega de la información clínica necesaria. Esta medida tiene como objetivo proteger las reservas técnicas de la EPS, permitiendo gestionar adecuadamente las obligaciones con clínicas, IPS y hospitales.

La Superintendencia Nacional de Salud tiene un tiempo legal establecido para responder a la solicitud de EPS Sura. Mientras tanto, la empresa continuará prestando todos los servicios habituales, incluyendo trámites, autorizaciones, citas, tratamientos, exámenes y entrega de medicamentos. Los canales de atención permanecerán habilitados para resolver cualquier inquietud de los afiliados y prestadores.

Si la solicitud es aprobada, EPS Sura afirma que podrán gestionar de manera responsable todas las obligaciones actuales usando sus reservas técnicas. Sin embargo, advierten que, de no aprobarse, los resultados e indicadores financieros sufrirán un deterioro importante, impactando negativamente su capacidad de servicio y el nivel de atención a sus afiliados.

Internacionales

Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

Publicado

el

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.

Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.

La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.

Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.

Continuar leyendo