La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una iniciativa “preferente” al Congreso local, para endurecer castigos a los responsables de los accidentes de tránsito en las zonas urbanas.

Destaca que quien conduzca en estado de ebriedad o drogado, será sancionado con 180 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalentes a 15 mil 998.40 pesos, además de que su vehículo será remitido a un corralón.

Esta iniciativa, con proyecto de decreto, propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, entre las que destacan pérdidas definitivas de licencias de manejo y permisos a concesionarios del transporte público que ocasionen accidentes de tránsito alcoholizados o drogados, además de carecer de pólizas.

En la exposición de motivos, la jefa de Gobierno destacó que los accidentes viales representan un grave problema de salud, pues constituyen la séptima causa de muertes y la segunda contra la población de entre 5 y 29 años de edad, además de que el costo económico que generan estos hechos alcanzan 3% del PIB, de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sheinbaum Pardo explicó que de acuerdo con el Inegi, del total de víctimas ocasionadas por accidentes viales, 887 fueron peatones fallecidos (21.5%); seguido de percances automovilísticos, con 886 hechos (12.5%); y en tercer lugar está el de colición en una motocicleta, con 608.

Estableció la jefa de Gobierno en el documento presentado, en conjunto estos tres tipos de accidentes viales concentran seis de cada 10 muertes, de allí la urgencia por evitarlos.

Lo grave de todos estos acontecimientos, manifestó, es que 6% de las muertes por accidentes de tránsito ocurren en la Ciudad de México, puesto que el Diagnóstico del Programa Integral de Seguridad 2020-2024, revela que en 2019 se reportaron 14 mil 341 incidentes.

En 20.3% de estos percances estuvo involucrado un peatón; 4%, en bicicleta; 31%, en motocicleta; 38.5%, en autos, y 5.9%, en vehículo del transporte público, aunque 95% de los casos fueron ocasionados por el conductor de algunos de los vehículos involucrados.

De entre todas las propuestas destaca el artículo 67, donde otorga facultades a la Secretaría de Movilidad (Semovi) para retirar la licencia de manejo definitivamente, cuando por segunda ocasión conduzca en estado ebriedad o drogado, además de que el condunctor tendrá que someterse a rehabilitación.

También, cuando por tercera vez, en un periodo de tres años, sea detenido por la misma causa, cuyo responsable tendrá que someterse, obligatoriamente, a rehabilitación.

El artículo 69 bis establece que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estarán obligados a retirar licencias de manejo y permisos de conducir, cuando el conductor vaya en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga, además de que quedará imposibilitado de tramitar nuevos documentos durante la suspensión o definitiva, según la gravedad de la infracción.

A su vez, el artículo 72 establece la obligación de que todo vehículo motorizado deberá contar con póliza de seguro, entre otras medidas, que si bien ya eran contempladas en la Ley de Movilidad vigente, no establecía obligaciones y sanciones a quien no cumpla con los nuevos requerimientos.

Foto: El Universal