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Nacionales

El Tribunal Electoral avala la continuación del INE en la Elección del Poder Judicial

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe seguir adelante con la organización de la elección de jueces, magistrados y ministros, pese a las suspensiones judiciales interpuestas contra la Reforma Judicial. La decisión fue tomada con mayoría de votos, destacando el apoyo de los magistrados Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Esta resolución asegura que el proceso electoral previsto para 2025 continúe sin interrupciones.

El proyecto, propuesto por el magistrado Felipe de la Mata, argumenta que detener el proceso electoral afectaría la instalación de los órganos del poder público, y que es necesario que cada fase del proceso adquiera firmeza y definitividad. También resalta la importancia de proteger el derecho de la ciudadanía a participar en elecciones, y que el amparo no procede en materia electoral, lo que impide la suspensión de estos procesos.

Por su parte, los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez votaron en contra de la resolución. Aun así, la sala superior del TEPJF reafirmó que la renovación de los Poderes de la Unión es un asunto de interés público, y cualquier intento de paralizar el proceso electoral pondría en riesgo la funcionalidad de las instituciones.

A pesar de esta decisión, el proceso enfrenta más obstáculos legales. Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) anunciaron una nueva suspensión judicial contra la reforma al Poder Judicial, en respuesta a juicios de amparo que buscan detener la elección de jueces en 2025. Sin embargo, las autoridades insisten en que la reforma continuará, y no eliminarán su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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ONGs alertan riesgos a proyectos sociales y piden diálogo con autoridades

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Organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre posibles riesgos para la continuidad de diversos proyectos sociales, por lo que hicieron un llamado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar para establecer un diálogo abierto.

De acuerdo con las ONGs, ciertas disposiciones administrativas y fiscales podrían afectar la operación de programas comunitarios, impactando directamente a poblaciones vulnerables que dependen de estos apoyos.

Ante esta situación, solicitaron mesas de trabajo con las autoridades para revisar las medidas y buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de sus actividades.

Las organizaciones subrayaron la importancia de fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad civil, con el fin de mantener el impacto positivo de los proyectos sociales en distintas regiones del país.

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