Internacionales
El abogado de Jorge Glas solicita la anulación de su detención y su retorno a México

En una audiencia judicial este jueves, Andrés Villegas, abogado del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, solicitó a un tribunal que anule su detención dentro de la Embajada de México en Quito tras haber recibido asilo, y que ordene al Estado ecuatoriano entregarlo nuevamente a México o a un tercer país dispuesto a otorgarle asilo.
Villegas argumentó que la detención de Glas fue ilegal al no cumplir con criterios reglamentados y arbitraria al violar sus derechos humanos al privarlo del asilo otorgado. Solicitó que Glas sea puesto en libertad y entregado a la misión diplomática más cercana o a una embajada de otro país dispuesto a acogerlo como asilado, después de que México cerrara su Embajada en Quito.
El abogado requirió que el Gobierno exhiba por escrito la orden dada por el presidente Daniel Noboa para irrumpir en la sede diplomática de México y cuestionó que el informe policial sobre esta operación haya sido declarado secreto.
Villegas señaló que la resolución judicial que legalizó la detención de Glas tiene “verdades a medias”, omitiendo presuntos actos de tortura durante la captura. Además, mencionó la violación del principio de inviolabilidad de misiones diplomáticas y la incautación de bienes muebles de Glas.
Desde la cárcel, Glas denunció haber sido golpeado por los policías, dislocado dos dedos y sacado esposado de la Embajada en una posición de tortura. Considera el asilo otorgado por México como un reconocimiento de su condición de perseguido político, manteniéndose declarado inocente frente a los procesos judiciales en su contra.
La jueza de Garantías Penitenciarias de la Corte Nacional de Justicia, Melissa Muñoz, recordó que en el momento de ingresar a la Embajada de México, Glas no tenía orden de detención, la cual fue emitida después por presunto peculado en el caso de la reconstrucción de Manabí. Muñoz precisó que Glas debía cumplir una pena de ocho años por condenas previas por cohecho y asociación ilícita.
Por su parte, la ministra de Interior y Gobierno, Mónica Palencia, justificó la detención de Glas argumentando que nunca hubo asilo para él, ya que la Convención de Asilo Diplomático no se aplica a quienes estén procesados por delitos comunes. Palencia descartó cualquier persecución hacia Glas, quien ha sido procesado desde 2017 por delitos no políticos.
La detención de Glas llevó a México a romper relaciones con Ecuador y a denunciarlo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por violación de soberanía y derecho internacional.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.