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La Internacional Villahermosa

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Edmundo González rechaza fallo del Supremo que confirma la victoria de Maduro

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El candidato de la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, rechazó enérgicamente el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ratifica la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. González Urrutia, quien es considerado el verdadero ganador por la PUD y diversos organismos nacionales e internacionales, afirmó en la red social X que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”, citando la Constitución venezolana.

El TSJ validó los resultados electorales a solicitud de Maduro, quien presentó un recurso de amparo. Sin embargo, el opositor declinó asistir a la convocatoria del tribunal, argumentando que la revisión de los resultados no es competencia del TSJ, sino del Consejo Nacional Electoral (CNE). La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, confirmó la validez de los resultados emitidos por el CNE durante una declaración ante altos funcionarios y representantes diplomáticos.

González Urrutia y otros opositores habían anticipado esta decisión, argumentando que el TSJ está “parcializado”, en contraste con la afirmación de Maduro sobre la imparcialidad del tribunal. Horas antes del fallo, el candidato opositor había advertido que la decisión solo “agudizará la crisis” en el país, que ya enfrenta una fuerte polarización.

A pesar de la sentencia, González Urrutia aseguró que los venezolanos no están dispuestos a “renunciar” a la “libertad” ni al “derecho a cambiar en paz para vivir mejor”. Según la PUD, su abanderado obtuvo la victoria en las elecciones con base en el “83,5 % de las actas” recolectadas, las cuales el Gobierno ha descalificado como “falsas”.

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Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.

Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.

La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.

Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.

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