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Ecuador da un paso histórico hacia la eutanasia: Corte Constitucional aprueba solicitud de paciente terminal

La Corte Constitucional de Ecuador dio luz verde el miércoles a la solicitud de un paciente terminal para despenalizar la eutanasia activa, instando a la Asamblea Nacional a promulgar una ley que regule el procedimiento en un plazo de un año.
Paola Roldán, diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en el 2020, presentó en agosto del año pasado su petición ante la máxima corte, buscando el reconocimiento de su derecho a una muerte asistida debido al deterioro y dolor causado por su enfermedad.
La resolución, de aplicación inmediata, permite a Roldán optar por la eutanasia cuando lo desee, según informaron sus abogados a los periodistas. En noviembre, Roldán compartió su testimonio ante el tribunal.
En su fallo, la Corte Constitucional enfatizó el derecho de las personas a tomar decisiones libres e informadas, incluida la opción de poner fin al sufrimiento causado por una lesión corporal grave o una enfermedad incurable, aunque estableció requisitos previos para acceder al procedimiento.
Ecuador se une así a Cuba y Colombia como los países de la región que han despenalizado la eutanasia.
Roldán, de 42 años, ha compartido en redes sociales los desafíos diarios de su enfermedad, incluido el rechazo de su cuerpo a los alimentos suministrados por vía intravenosa.
Tras conocer el fallo de la corte, Roldán expresó su gratitud hacia todos, afirmando que “hoy el Ecuador es un país un poco más acogedor, más libre y más digno”. Ahora, junto con sus abogados y familiares, se tomará un tiempo para asimilar el significado de esta decisión.
El fallo del tribunal también instó al Ministerio de Salud a preparar un reglamento para los procedimientos de eutanasia activa en un plazo de dos meses, mientras que la Defensoría del Pueblo fue encargada de presentar el proyecto de ley correspondiente ante la Asamblea Nacional.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.