Internacionales
Se confirma que Walter Solís, exministro ecuatoriano acusado de corrupción, se encuentra como refugiado en México
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que Walter Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, mantiene su estatus de refugiado en el país. Este estatus, otorgado bajo la Ley sobre Refugiados y la Convención del Estatuto sobre Refugiados, garantiza su derecho a protección y residencia en México.
El exfuncionario es acusado en Ecuador de corrupción y mal uso de fondos destinados a la reconstrucción tras el terremoto de 2016. Fue detenido en México por Interpol tras una solicitud de extradición del gobierno ecuatoriano, pero la Cancillería mexicana enfatizó que está protegido por el principio de “no devolución”, que impide su repatriación si existe riesgo para su seguridad.
La SRE señaló que ha mantenido comunicación con la Fiscalía General de la República para garantizar el cumplimiento de sus derechos legales en el país. Solís y sus representantes han alegado persecución política por parte del gobierno ecuatoriano, calificando las acusaciones en su contra como parte de una estrategia de represalias.
Internacionales
Crisis en Corea del Sur: Yoon Suk-yeol declara ley marcial y estallan protestas
El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, decretó la ley marcial acusando al principal partido de oposición de planear actividades “anti-estatales” y ser “pro-norcoreano”. La medida, anunciada en un discurso televisado, busca proteger el “orden constitucional” en medio de tensiones políticas tras la aprobación de presupuestos que excluyeron al partido gobernante.
La declaración otorga amplios poderes al Ejército y suspende actividades legislativas, mientras miles de ciudadanos protestaron frente a la Asamblea Nacional, enfrentándose a un fuerte dispositivo de seguridad. Las tropas surcoreanas intentaron tomar el control del Parlamento, lo que generó enfrentamientos con civiles y provocó disturbios en redes sociales.
Bajo la ley marcial, los derechos ciudadanos se limitan y las fuerzas armadas asumen roles de seguridad pública. La situación ha provocado un estado de alta tensión política y social, con llamados de la oposición y organizaciones internacionales a restablecer el orden democrático en Corea del Sur.