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La Internacional Villahermosa

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E.U. sanciona a empresas mexicanas por fraudes inmobiliarios ligados al CJNG

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Estados Unidos ha impuesto sanciones a cuatro empresas mexicanas y un grupo de contadores por su presunta vinculación con fraudes inmobiliarios relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la red fraudulenta opera centros de llamadas en México, donde estafadores se hacen pasar por agentes inmobiliarios, abogados o representantes de ventas para engañar a propietarios estadounidenses interesados en alquilar o comprar propiedades vacacionales en México.

El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, advirtió que estas estafas suelen parecer legítimas, pero son operadas por delincuentes respaldados por cárteles. Las empresas sancionadas incluyen Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S.A., Realty & Maintenance BJ S.A., y Bona Fide Consultores FS S.A.S. Además, los contadores Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez también fueron sancionados por su participación en estas actividades fraudulentas.

Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes y propiedades de los involucrados en Estados Unidos, y prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellos. Esta acción fue posible gracias a la colaboración entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y varias agencias estadounidenses y mexicanas, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el FBI y la DEA.

Las investigaciones señalan que estos fraudes inmobiliarios han estado operando por más de una década, con pérdidas económicas estimadas en unos 300 millones de dólares entre 2019 y 2023. Sin embargo, el FBI cree que la cifra real de las pérdidas es mucho mayor, afectando a miles de estadounidenses en los últimos años.

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Israel habría detonado dispositivos explosivos ocultos en bípers de Hezbolá

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Israel manipuló dispositivos localizadores vendidos a Hezbolá en Líbano, colocándoles explosivos que fueron activados de manera remota el pasado martes, según el New York Times. El ataque dejó al menos nueve muertos y cerca de 2,800 heridos, según el Ministerio de Salud del Líbano. Los localizadores habían sido adquiridos por Hezbolá recientemente para reemplazar celulares y evitar ser rastreados por Israel.

El ataque, que afectó principalmente a áreas bajo el control de Hezbolá en Líbano y Siria, fue atribuido a un “ataque cibernético israelí”, según fuentes del gobierno libanés y Hezbolá. El Estado israelí no ha emitido un comentario oficial sobre el incidente, aunque es conocido por mantener una política de silencio en estos casos. Estados Unidos negó cualquier implicación en la operación.

El Ministerio de Salud libanés informó que los dispositivos explotaron casi al mismo tiempo, causando lesiones severas en manos, rostros y zonas abdominales. Entre los afectados se encontraba el embajador de Irán en Líbano, quien sufrió heridas leves. La mayoría de los heridos se encontraban en áreas densamente pobladas como el sur de Beirut y la región de Becá.

Este ataque ocurre en medio de crecientes tensiones entre Israel y Hezbolá, que se intensificaron tras los enfrentamientos en la frontera entre ambos países desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre. Hezbolá advirtió que Israel sería responsable de las consecuencias del ataque, y el grupo prometió tomar represalias.

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