Después de tres años de litigios, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que los académicos del Conahcyt acusados de delincuencia organizada, corrupción y lavado de dinero no cometieron delitos, razón por la cual la continuación de una investigación en su contra resultaría en violaciones a sus derechos humanos.

Por mayoría de votos, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito determinó que el personal del extinto Conacyt no cometió ningún delito. Así, se dio final a uno de los casos más emblemáticos de la administración del fiscal Alejandro Gertz Manero, que inició desde julio de 2021, luego de que el fiscal general fuera rechazado en varias ocasiones del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del entonces Conacyt.

A mediados de 2021 se dio a conocer que la FGR abrió una investigación en contra 31 científicos y académicos del Conahcyt, a los que se les acusó por el presunto desvío de recursos “destinados exclusivamente a aquellos proyectos de apoyo de investigación científica y tecnológica” del año 2013 al 2018.

La denuncia fue interpuesta el 10 de julio de 2021 por la directora general del entonces Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, a través de una representante legal que señaló a los científicos por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Según la denuncia, estos recursos fueron gastados en una casa residencial, viajes internacionales y nacionales, sueldos, impuestos, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aportaciones para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), entre otros.

Por este motivo, el 24 de agosto del mismo año, el Ministerio Público solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra de los imputados, a quienes les agregó los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por presuntamente desplegar, “de forma permanente y reiterada”, 244 millones de pesos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. con la supuesta finalidad de beneficiar indebidamente a todos sus integrantes.

En septiembre del 2021, el juez negó las órdenes de aprehensión al considerar, por primera vez, que los hechos materia del ejercicio de la acción penal no eran constitutivos de delitos.

“Todos los hechos que invoca la fiscalía en los que se involucra el otorgamiento de financiamiento al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, Asociación Civil, de ninguna manera pueden ser analizados a la luz del derecho penal, porque la obligación del Conacyt de dotarlo de recursos económicos para su adecuado funcionamiento, en su momento estuvieron previstos en la ley que regula precisamente el funcionamiento de dicho Foro y en el Estatuto entonces vigente”, concluyó el juez.

Desde 2021 hasta 2023, los científicos y académicos del organismo iniciaron juicios de amparo ante juzgados y tribunales federales debido a que, si bien el juez de la causa negó la orden de aprehensión, omitió decretar el sobreseimiento de la causa penal por “atipicidad de los hechos”.

Una primera resolución a su favor ocurrió el 17 de octubre de 2022, cuando un Tribunal Colegiado consideró como fundado el agravio cometido contra los científicos al establecer que, al haberse negado la orden de aprehensión en su contra, el juez también debió decretar de oficio el sobreseimiento de la causa penal y, en consecuencia, enviar al asunto al archivo definitivo.

Con los recursos ganados en tribunales, a finales de 2022, diversos coimputados solicitaron el sobreseimiento de la causa penal. Tras un par de diferimientos, el 13 de enero de 2023 el Poder Judicial determinó como procedente decretar el sobreseimiento al considerar que los hechos eran atípicos de cualquier delito y dicha situación había quedado firme al no existir apelación por parte de la FGR. “Como se advierte de los antecedentes hasta aquí expuestos, existen una serie de resoluciones en las que se ha determinado que los hechos materia de la causa penal … no son delictivos y que, por tanto, no existe razón por las que sigan llevando un procedimiento penal por los mismos”, señalaron los científicos en sus escritos.

Incluso, en agosto de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia en la que reconoció la legalidad del Foro Científico y Tecnológico A.C. y su relación jurídica con el Conacyt, lo que de igual forma contradijo el argumento central de la FGR y su acusación contra los 31 científicos, pero no fue hasta este 2024 que un Tribunal dio por concluido el caso.