La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma que prohíbe a la Suprema Corte de Justicia y a los juzgados declarar inválidas las modificaciones que el Congreso realice a la Constitución. Con 340 votos a favor y 133 en contra, esta reforma de “supremacía constitucional” modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución para impedir que la Corte pueda intervenir en las enmiendas aprobadas por el poder legislativo.

La iniciativa, impulsada por Morena y respaldada por el PT y PVEM, establece que la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad no podrán aplicarse a las reformas constitucionales, limitando sus efectos solo a leyes secundarias. En defensa de la medida, la diputada Olga Sánchez Cordero argumentó que el Congreso es el único facultado para modificar la Constitución y que estas medidas buscan proteger la “soberanía del poder reformador”.

Por otro lado, la oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— se pronunció en contra, señalando que esta reforma abre la puerta a que el Congreso introduzca disposiciones inconstitucionales sin posibilidad de revisión judicial. Legisladores como Sergio Gil Rullán y Annia Gómez argumentaron que la reforma limita los recursos legales y podría llevar a decisiones que vulneren los derechos fundamentales.

El diputado Leonel Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, defendió la iniciativa afirmando que la Corte ya había sido coherente al señalar que no debía revisar la constitucionalidad de la misma Constitución. La reforma, según Godoy, solo excluye la revisión de las enmiendas constitucionales, mientras que el amparo y las acciones de inconstitucionalidad seguirán aplicándose a leyes secundarias.

La propuesta aún requiere la revisión de aproximadamente 300 reservas planteadas por la oposición. De ser aprobada en lo particular, la reforma marcaría un cambio en el equilibrio de poderes, limitando el papel de la Suprema Corte en la revisión de las reformas constitucionales impulsadas desde el Congreso.