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Internacionales

Diez presos fallecen por tuberculosis en la Penitenciaría del Litoral

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La crisis que atraviesa el sistema penitenciario de Ecuador sumó esta semana un nuevo y trágico episodio. Más allá de los recurrentes estallidos de violencia armada que suelen dominar los titulares, una amenaza silenciosa y persistente ha golpeado el corazón de la Penitenciaría del Litoral: la tuberculosis.

El Ministerio del Interior confirmó este miércoles la muerte de al menos diez personas privadas de libertad dentro del centro carcelario, considerado el más conflictivo y peligroso del país. Las autoridades señalaron que los fallecimientos están relacionados con un brote de tuberculosis que se había detectado semanas atrás, pero cuya magnitud parece haber escalado rápidamente debido a las condiciones insalubres y al hacinamiento extremo que caracterizan a la prisión.

La Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil, alberga a miles de internos en espacios diseñados para mucho menos, un factor que expertos en salud pública han advertido como detonante para la propagación de enfermedades respiratorias graves. Organizaciones de derechos humanos han pedido en reiteradas ocasiones mejorar la atención sanitaria en el sistema penitenciario, señalando que la crisis estructural pone en riesgo tanto a los internos como al personal penitenciario.

El Ministerio explicó que se están realizando operativos médicos dentro del penal y reforzando jornadas de tamizaje, aunque no se ha detallado cuántas personas podrían estar contagiadas ni si habrá traslados de emergencia.

La situación ha encendido alarmas sobre el deterioro simultáneo de la seguridad y la salud en las cárceles ecuatorianas, donde la violencia, el hacinamiento y la falta de atención adecuada continúan alimentando una crisis sin precedentes.

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Trump activa arancel global del 15%: Impacto inmediato en el comercio exterior

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WASHINGTON D.C. — En un movimiento que sacude los tableros económicos internacionales, ha entrado en vigor el nuevo arancel global temporal del 15% anunciado por la administración de Donald Trump. Amparada bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, esta medida impositiva de emergencia busca reconfigurar la balanza comercial estadounidense, gravando la mayoría de las mercancías que cruzan las fronteras hacia la Unión Americana.

Aunque el arancel es de carácter general para casi todos los socios comerciales, el decreto establece excepciones estratégicas para evitar desabasto en sectores críticos. Quedan fuera del gravamen los minerales esenciales, energéticos, productos farmacéuticos y componentes electrónicos específicos. Asimismo, ciertos bienes agroalimentarios clave —como la carne de res, tomates y naranjas y la industria automotriz mantienen sus tasas previas para mitigar el impacto directo en el bolsillo del consumidor final.

Es importante precisar que la carga impositiva recae directamente sobre los importadores en Estados Unidos, quienes ahora enfrentan costos operativos más elevados, lo que genera un efecto dominó de incertidumbre para los exportadores globales. Esta política proteccionista tiene una vigencia establecida de 150 días, proyectando su vencimiento hacia julio de 2026, periodo en el cual se evaluará si la medida cumple con los objetivos de seguridad económica nacional o si se requiere una extensión del plazo.

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