La identificación de 435 estructuras que podrían ser nuevos arrecifes de coral en zonas de gran profundidad en la costa central y norte de Veracruz, junto con el hallazgo de 116 especies no registradas previamente, ha llevado a Greenpeace México a exigir a la ASEA y Semarnat que apliquen el principio precautorio y denieguen las autorizaciones de impacto ambiental al proyecto de gasoducto “Puerta al Sureste”, propuesto por la empresa canadiense TC Energy.

En una conferencia de prensa, los investigadores Javier Bello Pineda, Adán Jordán y Jacobo Santander del Colectivo Interdisciplinario de Ciencia Aplicada y Derecho Ambiental (CICADA), revelaron la presencia de ecosistemas arrecifales mesofóticos en la zona cercana al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Según estos expertos, estos ecosistemas deberían ser protegidos, incluidos en los límites del área natural protegida y considerados en el programa de manejo.

El estudio sobre los ecosistemas arrecifales en la costa norte y central del estado de Veracruz se llevó a cabo en mayo, con el respaldo de Greenpeace México, que proporcionó tecnología avanzada como un sonar de barrido lateral, un vehículo operado a control remoto (ROV) y un sumergible tripulado (Nemo 2). Estas herramientas permitieron obtener imágenes y videos del fondo marino, revelando una gran biodiversidad.

Pablo Ramírez, coordinador del Programa de Energía y Cambio Climático de Greenpeace México, cuestionó la actuación de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Afirmó que, según sus investigaciones independientes, ASEA realizó inmersiones con buzos a una profundidad de solo 30 metros en la zona de Tamiahua, y al no encontrar arrecifes al lanzar una cuerda de 50 metros, concluyó que no había arrecifes en el área. Sin embargo, Ramírez aseguró que esta conclusión es errónea, ya que se documentó la existencia de ecosistemas arrecifales a 150 metros de profundidad en la misma zona.

Ramírez también señaló que el proyecto “Puerta al Sureste”, dividido en dos solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), generaría anualmente 27 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esto va en contra de los objetivos climáticos de México y contradice los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.