24 de octubre de 2018.- El próximo viernes la Asociación de Proveedores Tabasqueños (Provetab) interpondrá una demanda colectiva contra el gobierno del estado para exigir por la vía legal el pago de 318 millones de pesos de pasivos por bienes y servicios prestados este sexenio, informó Alberto Falconi de los Santos, presidente de la organización.

La demanda, precisó, será interpuesta en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Indicó que hasta el momento la única respuesta que tienen a las peticiones de pago es que no tienen forma de cobrar esos pasivos debido a la falta de recursos económicos y a que no hay un “procedimiento” licitatorio que compruebe la adquisición de los bienes y servicios por parte de las dependencias federales.

“Entonces nos vamos por la vía legal; vamos a interponer una demanda… va a ser colectiva”, dijo.

Recordó que por lo menos 100 proveedores formarán parte de esa demanda, los cuales reclaman pagos por 318 millones de pesos, principalmente en el sector salud.

Sin embargo, estimó que todavía existen pasivos “no reconocidos” por 150 millones de pesos de pesos.

El principal problema que enfrentan, dijo, es que las deudas no están respaldas con facturas, ya que con por compras o bienes y servicios contratados con “urgencia” por parte de las dependencias, como material médico, que no fue adquirido mediante licitación pública y fueron entregados bajo promesa de pago y solo están amparadas con “remisiones simples”.

Lamentó que hasta el momento la única certeza que tienen es que la actual administración estatal no cuenta con el recurso económico para saldar esos pasivos.

“No hay manera de cómo pagar”, dijo.

En ese contexto, reiteró que la Provetab interpondrá una demanda colectiva de por lo menos 100 socios para exigir legalmente el pago de los adeudos.

Difícilmente, aceptó, esa deuda será pagada por el gobierno que encabeza Arturo Núñez Jiménez y le corresponderá saldarla a la administración que presidirá Adán Augusto López Hernández.

“A lo mejor le toca al próximo sexenio; esto ya fue avisado al gobernador electo, ya se le dijo qué estaba pasando y dijo que no está en sus manos, pero cuando él llegue, cuando tome posesión, verá qué se va a hacer, pero a él le va a tocar resolver este caso”, expuso.

Reconoció que algunos proveedores sí han recibido pagos por los bienes y servicios otorgados en el actual sexenio, pero porque estaban garantizados con los dineros federales.

Recordó que además todavía existe un adeudo por mil 750 millones de pesos a proveedores que datan del sexenio anterior, los cuales –lamentó– ya dieron por “perdidos”, impagables o no recuperables.

De hecho, estimó que poco más de 100 empresas de las 450 que originalmente integraban Provetab cerraron sus puertas por esos pasivos en los últimos seis años y la mayoría de los que todavía existen enfrentan problemas legales y financieros.