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La Internacional Villahermosa

Internacionales

Crimen en Georgia, EE.UU.: un nuevo campo de batalla político sobre inmigración para los republicanos

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El homicidio de Laken Hope Riley, una universitaria de 22 años en Georgia, presuntamente a manos de un inmigrante venezolano recién llegado, ha generado un intenso debate político en Estados Unidos, especialmente entre los republicanos, quienes lo han utilizado como un punto de crítica hacia la política migratoria de la Administración Biden.

El sospechoso del crimen, José Antonio Ibarra, de 26 años, fue arrestado y acusado el pasado viernes por el asesinato de Riley mientras corría por el campus de la Universidad de Georgia en Athens el 22 de febrero. Ibarra había ingresado al país a través de la frontera con México en 2022 como parte de la ola masiva de migrantes que buscaban asilo.

Ante este suceso, congresistas republicanos han solicitado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una respuesta sobre cómo Ibarra pudo ingresar al país y permanecer en él. El gobernador de Georgia, Brian P. Kemp, ha enviado una carta al presidente Biden exigiendo una respuesta sobre el estatus migratorio de Ibarra y destacando la necesidad de proteger a los ciudadanos ante la inacción del gobierno federal.

El analista político Octavio Pescador de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) señaló que este caso se ha convertido en un nuevo “caballo de batalla” para los republicanos en las elecciones presidenciales, donde la inmigración se ha posicionado como un tema central. Por su parte, Miguel Tinker Salas, profesor retirado de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Pomona, comparó este suceso con el caso de Kate Steinle, utilizado por Donald Trump durante su campaña presidencial para criticar las políticas migratorias.

El debate se intensifica aún más con declaraciones de figuras republicanas como la congresista Marjorie Taylor Greene, quien ha acusado al presidente Biden y a los demócratas de tener “sangre en sus manos” por el asesinato de Riley. Además, la candidata republicana al Senado por Arizona, Kari Lake, ha culpado a los “políticos corruptos” de Washington por el suceso.

Este incidente ha reavivado el tema de la inmigración como una preocupación principal entre los estadounidenses, según un sondeo de Gallup, donde el 55% de los encuestados considera que el gran número de inmigrantes que ingresan ilegalmente es una amenaza crítica para los intereses del país.

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Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.

Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.

La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.

Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.

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