La Reserva Ecológica Estero de San José del Cabo enfrenta una grave crisis ambiental debido a la descarga de aguas residuales por la Planta de Tratamiento operada por Fonatur. Estas descargas, estimadas en 10 mil tinacos diarios, han propiciado el crecimiento descontrolado de lirio acuático y otras especies invasoras que están secando el ecosistema, poniendo en peligro a 217 especies de aves y la integridad del humedal. La planta, diseñada inicialmente para un turismo regulado, ha sido superada por el rápido crecimiento urbano.

El deterioro del estero también responde a una gestión deficiente de la planta, que opera al doble de su capacidad y vierte aguas sin el tratamiento adecuado. Estudios del IMTA en 2013 y reportes recientes indican que las descargas no cumplen con los límites de calidad establecidos, exacerbando la contaminación. Además, la planta se enfrenta a incertidumbre operativa tras la disolución de Fonatur, dejando su futuro en manos de concesionarios privados y autoridades locales.

Expertos y activistas ambientales alertan que el ecosistema podría ser irrecuperable si no se toman medidas inmediatas. Proponen reubicar la planta, implementar programas de control biológico de especies invasoras y actualizar el Plan de Manejo de la reserva. Sin embargo, la falta de recursos, voluntad política y acciones coordinadas entre autoridades municipales y estatales han frenado cualquier avance significativo.

Iniciativas como SOS Estero y el Patronato Estero Añuití han intentado recuperar el área con limpiezas manuales y propuestas de proyectos ecológicos, como la creación de un parque similar a La Mexicana en CDMX. No obstante, estos esfuerzos han sido insuficientes frente a la magnitud del problema. La sociedad civil exige mayor atención gubernamental y un compromiso real para la conservación del estero.

Con una historia cultural y ecológica invaluable, el estero necesita soluciones urgentes para evitar su desaparición. Activistas y expertos enfatizan que su protección no es solo una cuestión ambiental, sino de seguridad hídrica y justicia social para la región.