Ecuador se encuentra en estado de conmoción desde el martes, cuando un grupo de hombres armados y encapuchados irrumpió en el set de TC Televisión en Guayaquil, tomando como rehenes a periodistas y empleados, un incidente que ha generado impacto a nivel internacional.

Las imágenes transmitidas en directo mostraron a un joven apuntando con una escopeta al periodista José Luis Calderón mientras, a unos 3 kilómetros, otro grupo amenazaba a maestros y estudiantes en la sede de la Universidad de Guayaquil. Mientras tanto, fuera de estos recintos, grupos armados incendiaban vehículos mientras la población intentaba huir.

Ante estos hechos, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó a las fuerzas militares restablecer el orden y declaró la existencia de un “conflicto armado interno” en la nación andina. Esta decisión se produjo después de que el lunes se declarara el estado de excepción debido a graves incidentes en seis cárceles del país, que incluyeron secuestros de policías y fugas de líderes de bandas delictivas.

La respuesta del Ejecutivo busca abordar una creciente crisis de seguridad en Ecuador, agravada en los últimos tres años. En 2023, el país registró un récord histórico de homicidios con 7,878, de los cuales solo se resolvieron 584, evidenciando la complejidad y gravedad de la situación.

De acuerdo con el derecho internacional humanitario, un conflicto armado interno implica enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados organizados. Además, se requiere que el conflicto alcance un nivel mínimo de intensidad y que las partes involucradas posean una estructura organizada, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, basándose en los Convenios de Ginebra y la jurisprudencia internacional.