La Comisión de Seguridad Pública del Senado de México, presidida por la senadora Lucía Trasviña, ha aprobado una reforma que busca garantizar la seguridad en los procesos electorales en todo el país. La reforma establece que los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno y, en su caso, las fuerzas armadas, deben brindar el apoyo necesario a los órganos del Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Locales y los presidentes de las mesas directivas de casilla durante todo el desarrollo de un proceso electoral para mantener el orden y seguridad.

Hasta ahora, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecía que los cuerpos de seguridad podían auxiliar a las autoridades electorales solo durante la jornada electoral. Sin embargo, esta reforma ampliará esa asistencia a todas las etapas del proceso electoral, garantizando un entorno de seguridad en todo momento.

En 2021, se reportaron numerosos incidentes de violencia y agresiones contra candidatos antes de la jornada electoral. Estos eventos incluyeron homicidios y amenazas, lo que llevó al INE a pedir a las autoridades que investigaran estos casos y proporcionaran un entorno seguro tanto para la población como para los candidatos.

Los incidentes incluyeron desde la colocación de cabezas humanas en casillas de votación en Tijuana hasta disparos en las oficinas de Morena en Mexicali, pasando por la quema de boletas y material electoral en Chiapas, destrucción de mobiliario en una casilla en Monterrey y el robo de urnas y documentación de casillas en Sinaloa, entre otros. Estos hechos resaltaron la importancia de garantizar la seguridad durante todo el proceso electoral.

La reforma ha sido aprobada con el objetivo de crear un ambiente de paz y seguridad en los procesos electorales, reduciendo la violencia y asegurando una mayor participación de la ciudadanía. La violencia electoral se ha convertido en un tema de gran preocupación en México, con actos violentos que van desde el robo y la destrucción de material electoral hasta amenazas y agresiones contra candidatos y funcionarios públicos. La reforma busca abordar estos problemas y asegurar la integridad de los procesos electorales en el país.