Nacionales
Colectivos de búsqueda acusan al Gobierno federal de minimizar la crisis de desapariciones en México
Un total de 86 colectivos de búsqueda pertenecientes al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México han expresado su preocupación de que el gobierno esté tratando de minimizar la crisis de desapariciones en lugar de cumplir sus responsabilidades hacia las víctimas de desaparición y sus familias.
En este contexto, los colectivos han subrayado que esta actitud oficial es especialmente alarmante ante el aumento de los riesgos para la seguridad y la integridad de las personas que se dedican a la búsqueda, así como la persistencia del problema de las desapariciones.
Las familias de las víctimas han solicitado al gobierno que garantice un diálogo transparente y abierto para asegurar una búsqueda efectiva de sus seres queridos. Existe la preocupación de que el censo de personas desaparecidas podría ser utilizado para reducir intencionadamente la cifra que se presenta en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Además, han hecho un llamado para que la designación del próximo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se realice en consonancia con el principio de participación conjunta de las familias de personas desaparecidas, como lo establece la Ley General en materia de desapariciones, y que se lleve a cabo lo antes posible.
En este sentido, han solicitado una reunión con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el subsecretario Alejandro Encinas, con el objetivo de establecer una ruta de trabajo que aborde los puntos prioritarios en la agenda de desapariciones y que permita la designación oportuna del nuevo titular de la CNB.
Nacionales
Abren investigación por presunto obsequio de alto valor a alcaldesa de Acapulco
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició una carpeta de investigación en contra de la presidenta municipal de Acapulco, tras una denuncia que señala la presunta entrega de un objeto de lujo mientras ejercía funciones públicas.
De acuerdo con la información disponible, el señalamiento se relaciona con un collar valuado en aproximadamente 227 mil pesos, cuya entrega habría ocurrido durante el desempeño del cargo, lo que podría configurar un posible caso de cohecho, dependiendo del contexto y las circunstancias en que se habría recibido.
Como parte del procedimiento, la Fiscalía ya citó a la funcionaria para rendir su declaración, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si el obsequio constituye una falta administrativa o un delito conforme a la legislación vigente.
Será la autoridad competente la encargada de establecer si existen elementos suficientes para proceder legalmente o, en su caso, descartar cualquier irregularidad, en apego al debido proceso y a la presunción de inocencia.






