El gobierno federal estima un daño patrimonial de 4 mil 900 millones de pesos de los nueve mil 500 que habían observado la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación a Segalmex por auditorías de 2019 y 2020.

Por este caso de corrupción, el único reconocido por el Ejecutivo, se han presentado 100 denuncias por delitos como fraude y desvío de recursos contra 87 personas, de las cuales 26 ya fueron detenidas.

“Todo lo que no se aclare dará lugar a un proceso de investigación, con objeto de determinar si existieron faltas administrativas graves, que serán turnadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; o probables hechos ilícitos que, en su caso, se convertirán en denuncias penales que serán presentadas ante la FGR”, explicó el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo.
El funcionario precisó que de los nueve mil 500 millones de pesos observados, provienen de las auditorías de 2019 y 2020, de los cuales seis mil fueron señalados por la Función Pública y tres mil 500 por la Auditoría Superior.

El procurador fiscal de la federación, Arturo Medina, detalló que de las 87 denuncias, 41 son servidores públicos y 46 son dueños, socios, representantes, accionistas de empresas relacionadas con el entramado de corrupción.

Y es que a través de un grupo de trabajo interinstitucional se lograron recuperar más de un millón documentos y facturas que sirvieron como pruebas para dar seguimiento al caso.

Hasta ahora se han recuperado 809 millones de pesos en certificados bursátiles, 5.2 de intereses generados y 4.6 millones de procesos de conciliación.

“Los montos denunciados por parte del grupo de trabajo al momento ascienden a cuatro mil 900 millones de pesos, dentro de los expedientes investigados se encuentran el uso ilícito de atribuciones y facultades, desvío de recursos públicos por realizar inversiones bursátiles de alto riesgo, como ya se ha mencionado por 800 millones, en otras palabras se denunció por compra de bonos basura, papel sin valor con dinero público”, señaló.
A su vez, Alfredo Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada de la FGR, comentó que hay en trámite 32 carpetas de investigación, cinco fueron judicializadas relativas a siete casos, hay 49 órdenes de aprehensión contra 44 personas, de las cuales 47 son por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado; una por defraudación fiscal y otra por uso ilícito de atribuciones.